Motocicletas estacionadas en zona de estacionamiento regulado.ALICANTE. Llegó la hora de la ORA. El tripartito de Alicante, a través de la Concejalía de Movilidad, pretende elevar al pleno del mes de octubre la revisión y actualización de la ordenanza del sistema de estacionamiento regulado en la vía pública -la conocida como zona azul- para implantar dos novedades esenciales.
En primer lugar, como publicó Alicante Plaza, se trata de introducir bonificaciones para los vehículos ecológicos como los coches 100% eléctricos, los híbridos o los que utilicen ecocombustibles. El objetivo es ofrecer nuevos incentivos para el uso de vehículos no contaminantes, como ya se prevé hacer mediante la implantación de una red de diez primeros puntos de carga gratuita para coches eléctricos en la vía pública. El departamento que dirige el edil Fernando Marcos (PSOE) ya trabaja en su proceso de contratación, tras la puesta en servicio del primero de ellos, en plena avenida de Alfonso el Sabio.
En ese primer paquete de bonificaciones, la propuesta que maneja la concejalía es extenderlas a los vehículos que den servicio a personas de movilidad reducida (coches particulares y taxis adaptados, por ejemplo). De hecho, existe un acuerdo plenario que apunta en esa dirección.
Pero, además, se prevé un segundo añadido básico: que la norma dé cabida al estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en plazas de pago. Se trata de una práctica prohibida expresamente en la ordenanza en vigor, pero difícil de controlar y de erradicar. De ahí que Movilidad haya apostado por regularla: se permitirá su presencia pero con obligación de pago. Eso sí, se aplicarán tarifas especiales, de importe menor a las establecidas para cualquier turismo.
El edil de Movilidad, Fernando Marcos, y el edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, en la puesta en marcha del primer punto de carga sobre la vía pública.En la actualidad, la tasa básica para los vehículos asciende gradualmente desde el importe mínimo de 30 céntimos por 30 minutos de estacionamiento, hasta los 1,80 euros por el máximo permitido de dos horas. ¿Cuánto tendrán que pagar los conductores de ciclomotores? Ese es el punto que todavía sigue sin resolverse y que se espera tener zanjado a lo largo del próximo mes. Movilidad ha elevado ya una propuesta concreta a la Concejalía de Hacienda para que los técnicos la valoren y, en su caso, la corrijan. Después habrá que elevarla a pleno. Y ahí todo depende de los votos de los grupos de la oposición, tanto para aprobar la revisión de la ordenanza reguladora en sí misma, como para darle traslado a la ordenanza fiscal, ya que el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) no dispone de mayoría absoluta.
Si la propuesta acaba aprobándose, el Ayuntamiento deberá instar a la UTE concesionaria del servicio (compuesta por Pavapark y Auplasa) a aplicar los cambios con los ajustes que resulten necesarios en el sistema de pago.
