Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. Nuevas diligencias en la investigación sobre el supuesto intento de compra de la tránsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte. La Fiscalía ha citado a declarar este viernes a los portavoces municipales de Guanyar y compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, para que expliquen su participación en las conversaciones mantenidas en los días previos al desarrollo del pleno de investidura del nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
Ambos han sido citados en calidad de testigos este mismo viernes tras recibir una llamada telefónica de Fiscalía.
Pavón ha comparecido durante cerca de dos horas, en las que habría explicado que él había trasladado a Belmonte que no podía comprometerse a aprobar la asignación de un sueldo por su labor como concejal, y que Guanyar sólo accedía a que se tramitara la reforma del reglamento orgánico del pleno para que se eliminase el impedimento a presentar declaraciones institucionales y mociones, además de participar en todas las comisiones municipales.
Se trata de la reforma que Belmonte había venido reivindicando para que se le reconociesen derechos políticos y económicos en igualdad de condiciones que el resto de concejales de la oposición.
Como viene informando Alicante plaza, PSOE, Guanyar y Compromís firmaron un documento con 15 propuestas políticas entre las que se recogía esa modificación del Rop para tratar de sumar el voto de Belmonte a la investidura de la candidata socialista, Eva Montesinos. Sin embargo, la edil expulsada de Guanyar y de Podemos por dar contratos menores de manera directa a personas afines emitió un voto en blanco, lo que propició que la alcaldía fuese a manos del popular Luis Barcala como candidato de la lista más votada en 2015.
Más tarde, en el primer pleno ordinario posterior, Belmonte sostuvo que había recibido una supuesta oferta de sueldo de 3.500 euros y la posibilidad de figurar en las listas electorales de 2019 y que esa oferta no procedió de nadie del PP. La Fiscalía decidió abrir diligencias un mes después a instancias de la denuncia de dos activistas vecinales, militantes de Podemos.
