Fiscalía pide inhabilitar a los 3 últimos alcaldes del PP en Cabanes y prisión para el arquitecto municipal

CASTELLÓ. La Fiscalía ha solicitado al juzgado de Instrucción la inhabilitación durante un periodo de hasta 10 años a los 3 últimos alcaldes del PP de Cabanes y prisión para el arquitecto municipal, además de otras medidas para su socio de despacho y el jefe del área de urbanismo de Cabanes, según ha informado este miércoles el senador territorial de Compromís por Castellón, Carles Mulet.

En el escrito de acusación, la fiscal argumenta que desde la entrada de Rubén Bellido (ex candidato del PP a la alcaldía de Benicàssim)  en 2007 como arquitecto municipal interino, comenzó a valerse de su situación laboral en el ayuntamiento para conseguir que los trabajos consistentes en realizar obras por el ayuntamiento fueran adjudicados a su  socio de despacho, Juan Antonio Juncos, consiguiendo que por los sucesivos alcaldes del PP le fueran adjudicados a partir del año 2008 y hasta 2013 un total 28 trabajos por el ayuntamiento por los que le abonaron una cantidad total de 211.115,84 euros, según expone el representante de Compromís a través de un comunicado.

Todos estos trabajos, según Fiscalía, fueron tramitados como contratos menores sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo todo el procedimiento preceptivo, contratándose los mismos por los alcaldes  a sabiendas de la ilegalidad, y bajo el visto bueno del jefe de urbanismo y accidentalmente secretario-interventor José Vicente Guimerá. El fiscal entiende que se ha producido un delito continuado de prevaricación, delito continuado de tráfico de influencias.

Por todo ello, el ministerio público pide para el exacalde del PP, Artemio Siurana, y el jefe de urbanismo, José Vicente Guimerá, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y el pago de costas, para los ex alcaldes Paco Artola y Estrella Borrás las inhabilitación para cargo o empleo público durante 8 años y seis meses.

Además, solicitan para el arquitecto municipal Rubén Bellido, una pena de dos años de  prisión y multa de 422.231 euros, y la inhabilitación durante seis años,  y el pago de costas. Para su socio, la misma pena de prisión y multa, y la inhabilitación de sufragio pasivo durante la condena. La representante del Ministerio Público también pide adoptar, como medidas cautelares contra los acusados, exigir la fianza suficiente para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias.

El concejal entonces en la oposición, Carles Mulet, trasladó a Fiscalía, entre 2013 y 2014 documentación relativa a estas adjudicaciones al despacho del arquitecto municipal. Fue entonces, cuando la Fiscalía decidió acusar al arquitecto municipal Rubén Bellido, y también a la entonces alcaldesa del PP Estrella Borrás.

Desde aquel momento se han practicado diversas pruebas testificales y periciales que han llevado, a petición de la Fiscalía, la imputación de los otros ex alcaldes del PP, del jefe de urbanismo y del socio de Bellido. A pesar de haber pedido los imputados de manera reiterada el archivo de la causa, tanto el juzgado como la Fiscalía han continuado con el procedimiento, hasta llegar ahora a esta demoledora petición por parte de la Fiscalía, según señala el comunicado de Compromís.

Los tres ex alcaldes no participan ya de la actividad política, pero el arquitecto imputado desde 2014 y el jefe urbanismo también imputado desde 2016 se han mantenido este tiempo en sus mismas funciones, según explican.

Para el actual senador de Compromis y segundo teniente de alcalde de Cabanes, Carles Mulet “ se trata de la petición de la Fiscalía al Juzgado, mi labor consintió en poner en conocimiento del ministerio público unas contrataciones sospechosas de estar fuera de la legalidad. A partir de ese momento fue Fiscalía quien trasladó el caso a los juzgados, e inició la imputación de hasta seis personas. Ahora tendrá que ser el juez quien determine si estos graves delitos se han producido o no. Por mi parte, máximo respeto al proceso y cautela. Pero hay que entender la gravedad de las penas solicitadas, y enmarcarlas en una etapa negra de la historia reciente del municipio, envuelto en escándalos, empadronamientos fraudulentos, cobros ilegales por parte de los cargos públicos y reiterados abusos urbanísticos”, ha señalado el representante de Compromís en la Cámara Alta.