Representantes de los colegios profesionales relacionados con la salud pública.Los representantes de cada uno de los consejos colegiales tachan la oferta de Sanidad como una "remuneración ridícula", de 250 euros brutos a la semana para las guardias localizadas
CASTELLÓN. Representantes de los colegios de enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios de toda la Comunitat Valenciana, han acordado oponerse en bloque al llamado decreto de alertas en Salud Pública, que regula cómo deben movilizarse y organizarse los empleados de los centros de salud pública en caso de una emergencia.
El origen de esta alianza colegial en contra del contenido de este decreto tiene su origen en el malestar generado ya por el propio borrador, que establecía unas remuneraciones para las guardias localizadas -aquellas que, pese a no ser presenciales, obligan al profesional a estar disponible y a encontrarse en un radio determinado- de 250 euros brutos por semana.
Los representantes colegiales, por primera vez en sentados en la misma mesa, se reunieron en la Conselleria de Sanitat con el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos y con la directora general de Salud Pública, Ana María García, para trasladar a la consellera su oposición a los términos en que estaba redactado. De esta reunión, el pasado mes de enero, salió el compromiso de un acuerdo para su revisión, sin embargo, los profesionales reconocen ahora su “indignación” al comprobar en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado 6 de febrero que, lejos de paralizarse y de someterse a revisión, este polémico borrador de decreto se ha comenzado a tramitar.
Los presidentes de estos cuatro consejos colegiales, según ha podido conocer este medio, han elaborado un documento en el que coinciden en señalar que “trece años después, resulta curioso que la remuneración -lejos de actualizarse- se rebaje hasta llegar a lo ridículo y más aún que esta propuesta proceda de un equipo de gobierno que habitualmente considera que las actuaciones llevadas a cabo en aquella época precarizaban y debilitaban el sistema y a los profesionales de salud pública”.
Tal como indican los representantes colegiales de la Comunitat, la oferta que recoge el decreto supone el pago de 1 euro por hora, casi 10 veces menos que la propuesta que se realizó en 2006 desde el Ejecutivo autonómico para el último borrador, que finalmente no salió adelante.
Además, según entienden y así exponen en el documento avalado por las entidades colegiales, esta regulación de las alertas, pese a exigirlo la propia UE, presenta graves lagunas que los profesionales esperaban solucionar en la propuesta de 2019, tales como el cómputo de las guardias como tiempo trabajado o el problema que supone acudir a los avisos con sus propios medios. Estos colectivos, como recuerdan, han atendido durante estos años infinidad de emergencias de manera más voluntarista que protocolizada, por lo que "su compromiso y profesionalidad está fuera de toda duda", sentencian.
Según las estimaciones realizadas por los citados consejos, el decreto del Consell afectará a unos 800 empleados de centros públicos de salud valencianos, "profesionales sanitarios que, pese a velar por la salud de toda la población, son tratados de forma bien distinta de aquellos otros que sí realizan una actividad asistencial directa a las personas y cuyas guardias son asumidas con arreglo a su condición de personal estatutario", según el balance aprobado por todos los colegios del ámbito de la salud pública.
