Fotos: Antonio PradasCASTELLÓ. Urbanización Golf Sant Gregori teme que la urbanización del Plan de Actuación Integrada de 2,5 millones de metros cuadrados en la costa burrianense sufra un nuevo retraso. Los responsables de la compañía así se expresan después de constatar que en más de un centenar de alquerías que tienen que derribar en la zona "hay vecinos empadronados".
Se cumplen así las peores perspectivas de los dirigentes de la firma, que han comprobado cómo "en aproximadamente el 20 o 30% de las casas" del PAI "existe alguien empadronado". En muchos casos se trata de personas que han llegado a la localidad en los últimos años procedentes de Bulgaria y se han asentado en viviendas abandonadas. Tras ello, el Ayuntamiento aceptó registrarlos como sus inquilinos "para que pudieran obtener las ayudas sociales, según nos han dicho", destacan desde la firma.
Ahora esto se ha convertido en un problema porque "donde haya empadronados no se puede demoler" hasta que se compruebe que allí no vive nadie o el consistorio expulse a los residentes, apuntan los responsables de la urbanizadora. Así, conforme vaya encontrando viviendas habitadas y con empadronados, la empresa encargada del derribo y los responsables de Golf Sant Gregori deberán remitir un escrito al Ayuntamiento para comunicarle oficialmente el asunto.
Todo esto se hubiera podido evitar si, como en su día se anunció, la Policía Local hubiese acompañado las últimas semanas a la empresa durante el derribo previsto de las pequeñas edificaciones, para lo cual incluso se incluyó en el acta de replanteo un procedimiento al uso. Pero finalmente el consistorio ha rechazado esta posibilidad, señalan desde la firma.
Ahora, tras trabajar únicamente durante dos semanas tras arrancar las tareas de desbroce a inicios del pasado mes de octubre, en la sociedad prevén comenzar el derribo de la gran cantidad de viejas viviendas existentes en el PAI el próximo 5 de diciembre. Pero esta tarea se verá ralentizada al estar habitadas una gran parte.
Mientras tanto, la tramitación del modificado del proyecto, un paso clave para licitar las obras de urbanización, continúa su curso con algunos sobresaltos. La urbanizadora presentará estos días al consistorio, después de que este no atendiese la solicitud inicial, los informes que avalan los dos puntos de conexión de agua potable para las 6.000 viviendas que se prevé construir en el mayor PAI aprobado del litoral de la Comunitat Valenciana.
Al mismo tiempo, la compañía incide en su reestructuración. En este proceso, recientemente el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Castellón ha publicado una operación mediante la cual ha ajustado su capital social a la realidad actual, al reducirlo de los 8,8 millones en que estaba fijado anteriormente -y que ya no estaban depositados, señalan los actuales gestores- a 300.000 euros. Para ello se han amortizado las 88.800 acciones iniciales y se han emitido 3.000 nuevas de 100 euros de valor nominal que han sido suscritas y desembolsadas en su totalidad por el socio único de la entidad.
Este movimiento es "consecuencia contable del concurso de acreedores" que la firma superó y por el que obtuvo una quita de 31 millones de euros en 2018. La reducción se produce después de que la matriz de la urbanizadora, Sebeco, haya reforzado su activo con una inyección de capital de 39 millones.
