Los tres acusados, Echávarri, Díez y De Gea, en el arranque del juicio. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El juicio contra el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial. Y en esta primera sesión, de las cuatro que se han programado hasta este viernes, ha quedado clara cuál es la posición de las defensas de los tres acusados, a quienes se considera responsables de un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa.
Tanto el exprimer edil, como los dos asesores municipales, el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, han negado la existencia del supuesto fraccionamiento y han incidido en que los encargos objeto de la polémica no guardan ninguna relación funcional entre sí. Es decir, que se trataba de contratos independientes, cuya tramitación coincidió temporalmente entre noviembre y diciembre de 2016. Además, el propio primer edil ha insistido en desligarse por completo de la tramitación de los 25 contratos bajo sospecha.
Echávarri ha sido el primero en comparecer. Y la suya ha sido la comparecencia más breve. De hecho, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, representada por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y se ha limitado a responder a las preguntas de su abogado. En su testimonio, se ha ceñido a explicar que él no había contactado con las empresas con las que se concertaron esos 25 contratos y que no tuvo ninguna intervención en esos encargos. Es más, ha señalado que solo tuvo conocimiento de la existencia de "problemas" en relación a su pago en febrero de 2017, cuando así se lo comunicó su jefe de Gabinete, Díez. Después, según ha dicho, el jefe de Servicio de la Concejalía de Comercio "también me comentó unos problemas en las facturas".
A partir de ahí, ha recalcado, fue él quien le pidió al propio Agulló que le hiciese llegar las facturas. "A partir de ahí, llamé al interventor ya los servicios jurídicos y me puse en sus manos", ha dicho." Hay un problema, me pongo en vuestras manos para solucionar este problema e hice lo que dijeron", ha apuntado. Por último, ha asegurado que no tenía ninguna relación de interés ni ningún vínculo personal con las empresas contratadas. "No sabía ni qué empresas eran hasta después; aunque sí conozco al diario Información, a Publiasa, a El Mundo o la Cadena Ser, pero no tengo ninguna relación con ellas", ha concluido.
El segundo en comparecer ha sido Díez, quien también se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía. Como Echávarri, también se ha centrado en negar la existencia de irregularidades en la tramitación de los contratos y ha limitado su intervención a cuatro de los 25 encargos objeto de discusión. Acto seguido, a preguntas de su letrado, ha recalcado que su papel se limitaba a "sancionar" las contrataciones mediante el uso de la firma digital, después de que los técnicos municipales confirmasen que las facturas cumplían los requisitos formales y que los trabajos estaban efectivamente realizados. En este sentido, ha recalcado que esa era una de las funciones que tenía encomendada como jefe de Gabinete de Alcaldía, de acuerdo con la carta de servicios publicada por el propio Ayuntamiento en su página web. Se trata, según ha dicho, de las mismas funciones de las que disponían sus predecesores en el cargo, en los últimos 15 años.
Después, ha diferenciado el contenido y la finalidad de cada contrato para remarcar que no existía ninguna coincidencia entre los 25 encargos. Así, se ha referido, por ejemplo, a la organización de unas jornadas sobre talento empresarial organizada con la Cadena Ser, el llamado Branding Day, con la campaña publicitaria celebrada con motivo de la llegada al aeropuerto de El Altet de la llegada del pasajero 12 millones. También ha remarcado la diferencia que, a su juicio, existía entre esos contratos y la actuación promocional concreta organizada con el diario Información, en el que se consiguió que todas las inserciones del ejemplar de un día fuese de comercios locales.
En tercer lugar, ha comparecido el asesor de Comercio, De Gea, que también se ha acogido a su derecho de no declarar a preguntas de la Fiscalía. La suya ha sido la intervención más extensa. Y también ha puesto el foco en la distinción entre los 25 contratos, sobre los que ha considerado que solo existía un vínculo temporal. "Fue en noviembre cuando tuvimos la disponibilidad de ese dinero, alrededor de 200.000 euros, y lo que hicimos fue tapar agujeros con las necesidades más urgentes que teníamos", ha explicado.
En esta línea, ha apuntado que se atendieron actuaciones que habían pedido los propios comerciantes, en los mercados de Babel o de Benalúa, en cuanto se nos dio traslado de ellas. Y además, ha añadido que una de las contrataciones tenía que ver con el cambio de denominación del mercadillo de Teulada, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por el pleno en junio.
En esta línea, también se ha referido a los cuatro contratos relacionados con la celebración de la Gala de Premios al Comercio para explicar que su organización corrió a cargo de los técnicos de Comercio, que eran quienes conocían las necesidades, puesto que se venía organizando desde hace veinte años. Entre esos técnicos, según ha dicho, también tuvo participación el jefe de Comercio, Diego Agulló, por lo que ha confesado no entender por qué motivos había expresado dudas sobre un posible fraccionamiento. Solo ha apuntado que pudiese haber actuado por "susceptibilidad personal", en alusión a los procesos judiciales en los que Agulló se encontraba inmerso en ese momento por acuerdos similares.
También ha señalado que ni Echávarri ni nadie le dio nunca instrucciones sobre qué tenía que hacer y con quién debía contratar y que se fueron concertando actuaciones en función de "cuándo nos llegaban las necesidades, a partir de las reuniones que manteníamos con las asociaciones de comerciantes". Además, ha señalado que él no tenía capacidad ni autorización para usar la firma digital a la hora de sancionar contratos y autorizar pagos.
Tanto Díez como De Gea, que comparten letrado, han incidido en negar que existiese una reunión o una instrucción previa con el fin de concertar un supuesto troceo de los contratos por importes inferiores a los 18.000 euros y, así, eludir la convocatoria de un concurso público.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha reaccionado al término de las tres comparecencias y, a la vista de que los tres acusados se habían negado a responder a sus preguntas, ha solicitado que se reprodujesen parte de las respuestas ofrecidas por los tres en la fase de instrucción, al considerar que se apreciaban contradicciones entre lo manifestado en el juicio y el contenido de esas declaraciones previas. Esas contradicciones se basarían, según ha manifestado, en cuál fue el grado de conocimiento del exalcalde sobre los contratos.
El tribunal ha acordado conceder esa petición, tras un receso para deliberar en el que se ha confirmado la existencia de resoluciones similares en otros procesos.
El juicio prosigue este martes con las comparecencias de tres de los testigos. En concreto, está prevista la declaración del actual alcalde, Luis Barcala; del interventor municipal, Francisco Guardiola; y del jefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló.
Este lunes ya ha comparecido un primer testigo, el gerente de Editorial Prensa Alicantina (editora del diario Información), Jesús Prado, quien ha señalado que la acción promocional dedicando un ejemplar completo a la difusión de anuncios del comercio de Alicante se concertó a través de una reunión organizada con Díez y De Gea y que se había concretado con un precio especial, como habían declarado los dos acusados previamente.
