Miguel López y Vicente Sala junior, durante una de las sesiones del juicio. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). El grupo empresarial de la familia Sala Martínez valía entre 120 y 150 millones de euros cuando, en diciembre de 2016, mataron de dos tiros a la matriarca del clan, Carmen Martínez, en el lavadero del concesionario de coches de su yerno y único acusado, Miguel López. En la duodécima sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Alicante contra López por el crimen, así lo ha afirmado el albacea del testamento de la víctima y amigo de la familia desde hacía 40 años, José Luis Albarracín, economista e inspector de Hacienda de profesión.
El albacea ha testificado a propuesta de la acusación particular, que ejerce el hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala Martínez, que formaba uno de los dos "bloques" de la familia junto a su madre frente al que ejercían sus tres hermanas, entre ellas la esposa del único acusado. Albarracín, a quien la víctima consultaba casi a diario y al que ésta definió en su diario personal como "amigo entrañable, asesor, consejero y confidente", ha relatado que Carmen Martínez disponía de la llamada "participación privilegiada" o "acción de oro", que le otorgaba un peso especial y la posibilidad de veto en las decisiones empresariales de la familia.
Y ha continuado que, siguiendo el expreso deseo de su difundo marido antes de morir un par de años antes de cáncer, tenía la intención de cambiar los estatutos de la empresa para, en caso de su muerte, que la "acción de oro" pasara a su hijo primogénito (que se encargaba diariamente de la principal empresa, la dedicada a los plásticos) con el fin de que sus hermanas no pudieran apartarle de las decisiones importantes desde el punto de vista económico. Para ello, tenía intención de modificar los estatutos, de los que guardaba un borrador en unos cajones que un par de semanas antes del crimen fueron revueltos por desconocidos, aunque ella le confesó a él que estaba convencida de que habían sido sus hijas.
Según su testimonio, los citados nuevos estatutos habrían sido planteados para su aprobación en enero de 2017 aunque finalmente no se hizo porque el asesinato de María del Carmen Martínez ocurrió el 9 de diciembre de 2016. El objetivo era "garantizar la estabilidad" de los negocios, de manera que todos los yernos continuaran en sus puestos (incluido Miguel López al frente del concesionario Novocar, con un sueldo de 100.000 euros anuales) y que las hijas mantuvieran su porcentaje en el capital social aunque sí se traspasaba la "acción de oro" en la gestión empresarial a favor de Vicente Sala Martínez.
Aunque esta 'acción de oro' no varía el reparto accionarial, tener el control de las empresas era importante porque podría determinar posibles subidas o bajadas de los sueldos de la familia y también si se repartía a cada uno de ellos más o menos porcentaje de los beneficios. Posteriormente al crimen, el primogénito ha comprado a sus tres hermanas sus acciones en la compañía de plásticos, Samar, por 20 millones de euros a cada una, y se ha puesto de manifiesto que el pago ha sido financiado por cuatro bancos y aplazado, de manera que ya se han desembolsado unos 54 millones de euros y quedan pendientes de abonar unos 2 millones a cada una de las tres hermanas.
El albacea también ha sido preguntado por un mensaje de Whatsapp del acusado a su esposa en el que le define a él como "un sinvergüenza asesorando a un tonto", éste último en referencia a Vicente Sala hijo, y ha comentado que no le sorprende por "la personalidad" de López, de quien ha dicho que le consta que "tenía una gran capacidad de influencia" tanto en su mujer como en sus cuñadas.
Por otra parte, durante la sesión ha declarado el perito informático encargado de analizar el móvil de la víctima, quien ha relatado que el WhatsApp del móvil personal de Carmen Martínez fue "pulsado" manualmente 20 segundos después de que, desde otro teléfono, se diera aviso al '112' para pedir auxilio. Así, el 9 de diciembre de 2016 a las 18 horas, 55 minutos y 23 segundos se abrió la aplicación de Whatsapp. Algo que no pudo ocurrir "automáticamente" sino que, obligatoriamente, se hizo de forma manual.
El perito ha insistido en que se abrió manualmente y que, según el volcado de los datos, no se envió ni se recibió mensaje alguno. Ha agregado que al abrirse la aplicación, el teléfono de la víctima recibió 538.000 'bites', que se explican en la transmisión de datos entre el terminal y el servidor de Whatsapp para, por ejemplo, actualizar los contactos que están "en línea" y otro tipo de información que ofrece esa red social de otros números que están incluidos en la agenda.
Según los datos aportados por el informático, durante todo ese día 9 el teléfono de la fallecida recibió más de 5 millones de 'bites', entre ellos los citados 538.000. En todo caso y a la espera de que durante el juicio se pueda aclarar quien pulsó el teléfono o por qué consta esa hora, sí se ha dejado constancia de que a las 18 horas, 55 minutos y 03 segundos (20 segundos antes) desde el concesionario se dio aviso al '112' para pedir auxilio por lo ocurrido.
