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el TSJC tumba la adjudicación a la firma catalana

La anulación de un contrato de 10.000 millones aviva la guerra entre Agbar y Aguas de Valencia

La firma de Eugenio Calabuig devuelve el golpe recibido en 2012, cuando recibió un varapalo judicial por parte del TSJCV impulsado por Aguas de Barcelona

17/03/2016 - 

VALENCIA. (VP/EUROPA PRESS). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló este miércoles la concesión a la empresa público-privada liderada por Agbar para la gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona (AMB), con lo que Aguas de Valencia -una de las firmas que presentó el recurso- gana la última batalla de la prolongada guerra entre ambas compañías.

La sentencia argumenta que la administración pública catalana no justificó suficientemente la decisión de no convocar concurso público para adjudicar el contrato. "No se expresaron razones técnicas bastantes ni hay derechos de exclusiva impeditivos de la concurrencia competitiva, ni existe valoración fiable del coste económico que, por su efecto disuasorio, justifique la renuncia a la concurrencia", concreta el fallo.

El dictamen no es firme, puesto que que cabe recurso ante el Tribunal Supremo y la empresa adjudicataria ya ha avanzado que recurrirá. Además, el presidente de la mesa emitió un voto particular contrario a la sentencia al entender que el fallo debería haber desestimado la demanda de Aguas de Valencia, debido a que, según su parecer, la elevada inversión de Agbar en dicha red durante casi un siglo "impedía promover una concurrencia real y efectiva".

Con todo, el dictamen supone un duro varapalo judicial para la adjudicataria AMB -controlada en un 70% por Aguas de Barcelona (Agbar), en otro 15% por Criteria y en el 15% restante por la propia AMB- que aviva la guerra entre las dos compañías.

Lo es, en particular, por sus astronómicas cifras: la adjudicación, de un total de 35 años de duración, supone una facturación agregada superior a los 10.000 millones de euros.

La firma presidida por Eugenio Calabuig devuelve así el golpe similar recibido en 2012, cuando fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el que anuló un acuerdo de la asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) que había designado a Aguas de Valencia como socio privado para crear una empresa mixta "para la regulación y suministro de agua potable" en el área metropolitana de Valencia.

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