María Dolores Amorós y López Abad, en el juicio por la falsedad contable en la caja. Foto: EFEALICANTE (EP). La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado sentar en el banquillo a los ex directores generales de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós, que serán juzgados por los delitos de estafa en concurso con publicidad engañosa y de maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad.
En el auto dictado este miércoles por la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres da un plazo de veinticuatro horas a ambos procesados para que presten fianza de forma conjunta y solidaria por importe de 6.000 euros, que servirán para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles en el caso de ser condenados. De dicha cantidad responderán como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell, la Fundación CAM y la aseguradora Caser, como responsable civil directo. Si no la prestaren en el plazo de un día se les embargarán bienes suficientes para cubrir dicha suma, añade la resolución.
Lamela deja constancia en su auto de que la Fiscalía no ha formulado escrito de acusación en esta causa y añade que, "no habiendo renunciado expresamente a ello" tiene a partir de hoy un plazo de tres días para solventar este asunto. Varios particulares personados en esta acusa piden para Amorós y López Abad 8 años de prisión y 24 meses de multa por estafa, y añaden que los perjudicados deben ser indemnizados con 11 millones de euros más los intereses con la responsabilidad civil directa de la entidad Caser y la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Sabadell y Fundación. Por su parte, la Asociación Adicae solicita para los dos enjuiciados 8 años de cárcel por estafa más otros dos años por delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Condenan a prisión a cuatro exdirectivos de la CAM por falsedad contable
Fue en marzo de 2016 cuando la juez instructora propuso inicialmente juzgar a ambos ex altos cargos de la caja por delitos de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos. La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de octubre a López Abad y a Amorós a tres años de prisión por el delito continuado de falsedad contable por falsear las cuentas de la entidad relativas a los ejercicios 2010 y 2011. En el mismo juicio, se condenó a otros dos directivos (Teófilo Sogorb, exdirector de Planificación, y Francisco Martínez, exdirector de Riesgos), y se absolvió a los otros tres encausados, incluido el expresidente Modesto Crepo.
Con posterioridad a ese fallo, la misma juez Lamela que ahora propone juzgar a los dos exdirectores de la entidad, decidió archivar la denuncia por las operaciones de la extinta caja de ahorros en el Caribe. Los exdirectivos estaban acusados de desviar fondos en varias operaciones hoteleras con la firma Valfensal.
Los exdirectivos de la Caja del Mediterráneo y de Bancaja afirman que no era necesaria la intermediación de Olivas en la operación de la venta de la sociedad de los parques eólicos
