La jueza archiva la causa de las inversiones inmobiliarias de la CAM porque ha prescrito

ALICANTE (EFECOM). La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado el archivo de la causa que investiga la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en once sociedades inmobiliarias, lo que habría generado a la entidad unas pérdidas de 467 millones, tras estimar la petición de la Fiscalía. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la magistrada ha amparado su decisión en el criterio de la fiscal Belén Dorremochea, que considera prescrita una posible administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la comisión de control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

La representante del Ministerio Público, aunque reconoce que en las operaciones "se aprecian evidentes indicios de actos abusivos al haberse concedido por parte de la CAM préstamos hipotecarios para adquisiciones de terrenos por un valor mucho más elevados de los reales", descarta un supuesto de apropiación indebida, que habría permitido ampliar el plazo de investigación. El archivo de las actuaciones, que puede ser recurrido, llega un mes después de que el Banco de España aportara un informe en el que denunciaba un perjuicio de 467 millones consecuencia de que la CAM permitiera "que sus socios se lucraran con independencia del resultado del proyecto".

Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de euros procedente de dinero público en la CAM antes de su venta al Sabadell y al que el documento del organismo regulador apunta como único perjudicado por el quebranto. Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron para la entidad una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78 %), de los cuales 405,6 millones son irreversibles. nas cifras que, critica el último informe del Banco de España, "reflejan la calidad de la gestión realizada (...) con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos". 

El inspector del organismo detalla además la operativa seguida, en virtud de la cual el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, "a un precio notoriamente superior al de coste", satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De esta manera cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios a obtener "eran sólo una mera expectativa". 

Entre los casos, destaca el del grupo Ros Casares, que en abril de 2005 planteó la realización de una promoción urbanística en Valencia, inicialmente financiada por Bancaja y Banco de Valencia, entidades que acabaron por renunciar a financiar la venta del solar. Su lugar lo ocupó la CAM que, a pesar de que la inversión prevista era de 166 millones, acabó concediendo 30 millones adicionales "sin que se ejerza un control adecuado de las disposiciones del préstamo" y obviando que "deberían haber sido cubiertos con recursos de propios de la sociedad, no financiados por la caja". A tenor del técnico del regulador, "resulta cuanto menos sorprendente" que, a pesar del fracaso del proyecto, que finalmente se adjudicó 201 millones y se saldó con una pérdida de 162,6 millones para el FGD, Ros Casares obtuviera un lucro de 42 millones.

También apunta a los hijos del fundador del grupo, el exconsejero de Bankia, Francisco Ros, procesado por la salida a bolsa de la entidad, y su hermano Germán, expresidente del desaparecido equipo de baloncesto femenino Ros Casares Valencia, como "personas físicas que se han beneficiado de estas actuaciones". El informe advierte además de una serie de sociedades en las que se carece de información que permita cuantificar las ganancias de los socios por la venta del suelo, entre ellas El Mirador del Delta, creada en mayo de 2004 por la constructora Teyco, ligada a la familia Sumarroca, investigada en el caso del 3%.