El exalcalde, Gabriel Echávarri, junto a sus dos asesores también procesados, a su llegada al Palacio de Justicia de Benalúa para prestar declaración. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE). El juicio al exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE) y a dos de sus cargos de confianza por un presunto delito continuado de prevaricación en relación al presunto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019. Así lo ha decretado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial alicantina en una diligencia con fecha del 17 de octubre, a la que ha tenido acceso Efe, después de que el pasado junio el Juzgado de Instrucción número 9 diese traslado de la causa.
La primera sesión (30 de septiembre de 2019) será dedicada a la declaración de Echávarri y sus dos asesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez. El día 1 de octubre acudirán los testigos Luis Barcala, actual alcalde del PP; el exjefe técnico de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, y el interventor municipal, Francisco Guardiola. Los días 2 y 3 del mismo mes declararán el resto de testigos y el 4 será el turno de las conclusiones e informes finales. La resolución que establece la fecha de las sesiones no es firme y cabe recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles, según la diligencia de ordenación judicial.
El pasado abril la instructora decidió abrir juicio oral contra los tres acusados por las presuntas irregularidades en la contratación y facturación de servicios y trabajos desde la Concejalía de Comercio, vinculados a la organización de la Gala de los Premios de Comercio y a la promoción de mercados municipales.
El ya exalcalde (presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal el pasado mes de abril) resultó investigado porque en la época de los hechos relatados era, además de primer edil, el concejal responsable del área de Comercio.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Echávarri 10 años y 1 día de inhabilitación, mientras que la defensa del exalcalde y de sus dos cargos de confianza han pedido su libre absolución. A su vez, el PP reclama una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses para el exalcalde por el presunto delito continuado de prevaricación.
