El exalcalde, Gabriel Echávarri, a su llegada a la Audiencia, este jueves.ALICANTE. La Fiscalía mantiene su acusación contra el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, en el juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. Así lo ha manifestado el acusador público, el delegado de Anticorrupción, Felipe Briones, en la cuarta jornada del proceso, después de que se haya concluido la toma de declaración de los representantes de las empresas beneficiarias de los contratos, citados como últimos testigos.
Briones ha confirmado al cierre de la sesión que elevaba sus conclusiones iniciales a definitivas, por lo que persiste en su solicitud de condena para los tres acusados: 10 años y un día de inhabilitación para el desempeño de cargo público como responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa. Las defensas, por su parte, también se han ratificado en su posición por lo que persisten en solicitar la libre absolución de los tres acusados.
Por lo que respecta a la acusación, el fiscal insiste en considerar que los tres procesados tramitaron los 25 encargos bajo sospecha de manera separada con la supuesta intención de concederlos a quien se pretendía. Así, no ha variado ni modificado en ningún aspecto su escrito de acusación inicial, a la vista de los testimonios ofrecidos en las cuatro sesiones en las que se ha desarrollado la vista desde el pasado lunes.
Entre ellas, como ha venido publicando Alicante Plaza, los más destacados han sido, primero, el del propio Echávarri, que negó haber tenido participación en el encargo y tramitación de esos 25 contratos, adjudicados de manera directa por un importe inferior a 18.000 euros cada uno de ellos, pero por una suma global de 189.000 euros. También fueron relevantes los de Díez y De Gea que insistieron en defender que el objeto de cada contrato era diferente y que se concertaron en momentos distintos. Eso sí, los tres se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía.
Por lo que respecta a los testigos, los testimonios de mayor trascendencia fueron el del interventor municipal, el del jefe de Servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, y el de los letrados del servicio de Asesoría Jurídica municipal.
El primero sostuvo que sí se produjo un fraccionamiento de contratos y que debieron haberse licitado por lotes, aunque admitió la dificultad que entraña dilucidar si los contratos objeto de discusión constituían una unidad funcional. Es decir, si estaban interconectados. En segundo término, Agulló apuntó que él no había tenido conocimiento previo en 24 de los 25 contratos y que él no los habría tramitado así "nunca". Con todo, también señaló que se tenían "dudas" sobre si había existido o no fraccionamiento porque "esto no es una ciencia exacta".
Los letrados municipales, Manuel Cordón y Pablo Núñez de Cela, por último, señalaron que, en su opinión, podía haberse registrado alguna anomalía administrativa pero que no se había producido un fraccionamiento de contratos. En esta línea, apuntaron que no lo plasmaron en ningún informe porque no era su función llegar a esa conclusión, sino que era una competencia reservada al interventor.
Los detalles de la posición definitiva de la Fiscalía no se conocerán hasta este viernes, en la última sesión del juicio en la que las partes podrán exponer sus respectivos informes de conclusiones. A partir de ahí, el proceso quedará visto para sentencia, que podría conocerse en un plazo aproximado de un mes. Puede que incluso antes. No obstante, a partir del desarrollo de la vista sí se ha podido comprobar que el acusador público ha mantenido la existencia de contradicciones entre los testimonios ofrecidos por los acusados en el juicio respecto a lo que declararon en la fase de instrucción previa.
En la sesión de este jueves, los representantes de las empresas de publicidad y de diversos medios de comunicación que han prestado declaración han referido diversas situaciones en cada uno de los contratos en revisión. A grandes rasgos, la mayoría de ellos ha apuntado que los servicios prestados no tenían relación entre sí y que no tuvieron ningún trato con el exprimer edil.
Así, el representante de Medial Medios y Estudio de Creación Gente ha señalado que él asumió los trabajos de dos campañas distintas en fechas diferentes y que concertó su contratación con De Gea. El representante de Publiasa, que asumió los trabajos relacionados con la celebración de la Gala de Premios del Comercio a través de cinco encargos distintos, ha señalado que negoció los detalles de la prestación de esos servicios con los técnicos de la Concejalía de Comercio.
El responsable comercial de Radio Alicante Cadena Ser también ha señalado que él concertó dos campañas de patrocinio (el Branding Day y el programa especial relacionado con la llegada del pasajero 12 millones al aeropuerto de El Altet) de manera independiente y en fechas distintas, y que contactó su organización con Díez. El representante de Makroprint ha precisado que él también desempeñó cinco trabajos distintos sobre la impresión de cartelería en los mercados municipales que se le encargaron en momentos diferentes, aunque después los facturó en fechas similares. Cuatro encargos los recibió por parte de De Gea y uno por parte de Agulló. Y el representante de Exterior Media Spain, también ha señalado que recibió los encargos de contratación de vallas publicitarias de De Gea y que después habló con Agulló porque no se le pagaba.
Echávarri presentó su renuncia a la Alcaldía y al acta de concejal en abril de 2018 después de que se confirmase su segundo procesamiento por otra causa hasta cierto punto paralela: la relacionada con el despido de una trabajadora municipal, cuñada del actual alcalde, Luis Barcala (PP). Se trata de un despido que el exprimer edil ordenó después de que Barcala presentase la denuncia por los contratos de Comercio que dio origen a las diligencias que ahora han llegado a juicio.
