ALICANTE. La muerte de Carmen Martínez de dos disparos en el concesionario Novocar, por la que se está juzgando a su yerno Miguel López, no solo frustró su intento de modificar los estatutos de las empresas para 'blindar' a su hijo varón, Vicente Sala, al frente de las mismas. También provocó que la acción de oro, como se conoce popularmente al derecho privilegiado de voto que ostentaba la víctima por deseo de su marido, desapareciese con ella.
Así lo ha explicado este miércoles en la sexta sesión del juicio por esta causa la que durante años fue abogada del consejo de administración de las empresas de los Sala. La letrada, que terminó enfrentada con Vicente Sala y Carmen Martínez al considerar estos que se posicionaba a favor de las tres hermanas en la pugna por las empresas, ha explicado que el artículo 9 de los estatutos establecía que la acción de oro se extinguía con Carmen Martínez, y que este artículo no se llegó a cambiar porque requería una unanimidad que, para 2016, ya era imposible de alcanzar entre los socios de Samar Internacional.
Según ha relatado, incluso se pidió un informe jurídico externo que concluyó exactamente lo mismo, de forma que el Registro Mercantil se negó a inscribir la modificación decidida por la víctima precisamente en uso de esa acción de oro. Así las cosas, la redacción de este artículo seguía vigente en el momento del crimen y, por tanto, la acción de oro desapareció con la viuda de Sala. Hubo otra intentona de cambiar los estatutos para elevar el porcentaje de voto necesario para cambiar a Vicente Sala como administrador de las empresas, tal como relató éste en su testifical, pero la cita con el notario estaba fijada para enero, un mes después de la muerte, por lo que tampoco se llevó a cabo.
El fiscal y la acusación particular consideran que el control de las empresas familiares está detrás del asesinato de Carmen Martínez, que falleció de dos disparos en el concesionario Novocar, que regentaba el acusado, la tarde del 9 de diciembre de 2016. De la muerte se acusa directamente a Miguel López, que se enfrenta a una petición de condena de 24 años de prisión.