Ayuntamiento de València.ALICANTE. Hasta el momento, el debate sobre el cobro de una comisión por los depósitos por parte de las entidades bancarias había escapado a ayuntamientos, diputaciones y el resto de administraciones públicas. Pero a partir de 2020 no lo podrán evitar. Tendrán que pagar una comisión del 0,40% de los saldos que tengan en los depósitos o cuentas de plazos fijos. Y será una cuota anual, que en algunos casos puede ser de cientos de miles e incluso millones de euros, según los remanentes que conserve cada institución pública. Y esas cantidades ya deben estar incluidas en los presupuestos para el próximo ejercicio porque, al parecer, la mayoría de los grandes bancos ya tienen pensado aplicar esas comisiones a sus clientes institucionales.
Ese debate ha surgido es lunes en el consejo rector del organismo autónomo gestión tributaria Suma, de la Diputación de Alicante. Y los cálculos que hace la institución provincial es que le puede suponer un millón de euros, dentro de sus cuentas para el próximo año, que asciende a 223 millones de euros.
La norma hace tiempo que existe, pero todavía no había llegado al cliente institucional. Emana de una directriz del Banco Central Europeo, que en 2014 impuso a los bancos privados la obligación de pagar el 0,4% por guardar el dinero con el fin de generar el efecto contrario: conceder créditos e impulsar la economía. Y desde entonces, está el debate sobre si esa comisión se traslada, primero, al cliente particular -algo que de momento parece descartado-; después, a la gran empresa -donde ya se dan casos-, y finalmente, al cliente institucional, algo que parece más cerca.
Según informaciones publicadas a lo largo de este 2019, algunas entidades bancarias ya están trasladando el cobro de esa comisión desde 2017 a aseguradoras y gestoras de fondos. Y al parecer, también lo han hecho a grandes corporaciones cuando éstas hacen depósitos muy voluminosos en momentos de picos de tesorería. Hasta el momento no lo han hecho con la administración pública, a la que, por contra, le aplican bonificaciones del 0% o negocian contrapartidas como la contratación de líneas de crédito para quedar exentos del pago de esas comisiones negativas sobre los depósitos.
El diario Abc recogió el pasado mes de junio el caso del Fondo de Reordenación Bancaria, el FROB, que tuvo que modificar las condiciones de un concurso público para adjudicar la cuenta de su operativa diaria para que no quedara desierto. En el pliego de condiciones estableció que el banco no podría cobrarle intereses por sus cuentas o depósitos, y finalmente, tuvo que eliminar esa cláusula para que una entidad asumiera la gestión. Fue Caixabank quien lo hizo, pero con condiciones: no le remuneraba los saldos medios de hasta una máximo de tres millones, y por aquellos superiores, el FROB paga el 0,4% que el BCE cobra al banco, según público el diario Abc.
Al cierre de 2018 la Administración contaba102.891 millones en plazos fijos y la banca o bien no pagaba intereses por ellos, o lo hacía con porcentajes irrisorios, en función del cliente. Ahora, en cambio, crece el convencimiento en el seno de la administración pública de que los bancos cobren a los ayuntamientos por sus saldos en depósitos, máxime con los remanentes que acumulan por la aplicación de la regla de gasto, que obliga a los ayuntamientos con superávit a amortizar deuda bancaria (si la tienen), o a destinar ese dinero a obras denominadas financieramente sostenibles (que no generan gastos de personal para su gestión o mantenimiento). Si no se dan ninguno de los casos, los ayuntamientos no pueden hacer uso de ese dinero.
