ALICANTE. El PP regresa al Gobierno de Alicante, en el que ha permanecido a lo largo de 20 años y del que sólo se ha ausentado en un breve paréntesis durante los últimos tres. Su hasta ahora portavoz municipal, Luis Barcala, asumió este jueves la Alcaldía de la segunda ciudad de la Comunitat gracias a la quiebra de la confluencia de la izquierda, a una sucesión de errores que se pudo evitar y a su respeto a los compromisos éticos que, según interpretan, les ayudó a llegar hasta el poder en 2015.
La ruptura del bloque de progreso se gestó prácticamente desde el mismo momento en el que se configuró el tripartito. A PSOE, Guanyar y Compromís sólo les unió la voluntad común de apartar al PP del Ayuntamiento, tras la sucesión de casos de presunta corrupción (Brugal, Isjoma, Plan E, telecentros, ...). Al margen de algunos objetivos tipo, como la voluntad de regeneración democrática y el rescate de las personas, no compartieron prácticamente nada. Los tres rivalizaron de partida por ejercer el liderazgo de la izquierda y hasta hubo enfrentamiento a la hora de decidir quién debía tomar la Alcaldía, dado que tanto PSOE como Guanyar habían obtenido el mismo número de concejales: seis, aunque con la confirmación de un retroceso en la candidatura socialista y de un crecimiento en Guanyar (insuflado por el apoyo de Podemos) en relación a los resultados cosechados por EU (su socio mayoritario) en 2011. Este jueves, en Guanyar todavía se sostenía que Gabriel Echávarri nunca debió convertirse en alcalde y se responsabilizaba de ello a Compromís por decantarse por él.
En realidad, el pleno de investidura para elegir al sustituto de Echávarri fue la constatación de la derrota de ese bloque de progreso: el PP no ganó la Alcaldía, fue el PSOE y el conjunto de la izquierda quien la perdió. Y la perdió precisamente por haber dedicado buena parte de sus esfuerzos en desgastarse como consecuencia de sus diferencias políticas insalvables y por un claro enfrentamiento de egos entre sus máximos responsables. Así, los socialistas aprovecharon los contratos concedidos por la edil de Acción Social, Nerea Belmonte, a personas de su entorno para minar a Guanyar: con su expulsión, la plataforma electoral se quedó con cinco concejales frente a los seis del PSOE, en marzo de 2016. El tripartito perdía la mayoría absoluta, sí; pero tenía la oportunidad de buscar apoyos puntuales, bien de la propia Belmonte, o bien de Cs para tratar de aprobar los presupuestos.
Después, se siguieron produciendo encontronazos: choques por la municipalización de servicios; decisiones unilaterales; ataques por el retraso en la concesión de licencias urbanísticas, bajo la responsabilidad de Guanyar; avisos de retirada de competencias sobre la materia; críticas a la supervisión de la contrata de la limpieza y presión para modificar sus costes...
Todo, hasta que, en abril de 2017, estalló la polémica por los contratos de la Concejalía de Comercio y hasta que el PP decidió llevarlos a Fiscalía en un recorrido que condujo hasta el procesamiento de Echávarri, a finales del pasado mes de noviembre, hasta su confirmación en la Audiencia, en febrero, y hasta el registro de su dimisión, el pasado 9 de abril. Ni Echávarri ni su equipo de concejales llegaron a contemplar nunca un escenario en el que tuviese que producirse su renuncia al cargo. La estrategia fue siempre la de resistir y ganar tiempo para pelear en los juzgados un archivo que nunca llegó a producirse, con la confianza de que el partido le mantendría su respaldo frente a una denuncia de parte sobre cuestiones administrativas. Nadie ha metido la mano en la caja, se defendía. Así que nunca se movió un dedo para resarcir a Belmonte, pese a que ella venía reclamando su restitución desde la primavera de 2017. Lo anunció de manera expresa en una entrevista publicada por Alicante Plaza el pasado mayo.
A Echávarri le llegó la primera imputación por los contratos de Comercio, en septiembre, y Belmonte formalizó el escrito de su solicitud de restitución en noviembre, mediante una propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que se le reconociesen los mismos derechos políticos y económicos que al resto de concejales. El PSOE le dio trámite en diciembre y, desde finales de enero, existe un informe del secretario municipal en el que se avala la propuesta de Belmonte. Pero desde entonces no se ha completado una tramitación que hubiese abierto la puerta a que Belmonte percibiese un sueldo. Conclusión: no se actuó a su debido tiempo, en previsión de que los acontecimientos pudiesen complicarse y pese a que, por poco probable que fuese, esa posibilidad existía. Simplemente, se decidió retener esa bala en la recámara para poder utilizarla cuando fuese necesario. Y ahora, con Echávarri depuesto, ya resultaba demasiado tarde para tratar de retener el voto de Belmonte e investir a la candidata socialista, Eva Montesinos.
Además, no era el momento estéticamente más adecuado para impulsar esa hipotética asignación de sueldo. Ni PSOE, ni Guanyar ni Compromís podían permitir que se asociase la entrega del voto de Belmonte a la concesión de su sueldo, por mucho que pudiese corresponderle, como al resto de ediles de la corporación. Máxime, cuando se había venido sosteniendo desde el principio que debía primar la ética sobre la aritmética.
Ahora, ¿quién sale peor parado con el regreso del PP a la Alcaldía? Es evidente que quien ostentaba el poder era el PSOE. Guanyar y Compromís habían abandonado el equipo de Gobierno el pasado noviembre, hartos de las maniobras de Echávarri y, precisamente, apelando al discurso de la ética y la estética, tras el procesamiento del regidor. Así que, pese a quedar ya fuera de la gestión municipal de manera definitiva, siempre pueden hacer bandera de su decisión ante la próxima cita con las urnas. De hecho, este jueves, ambas formaciones ya se habían conjurado para centrarse en la labor de oposición al PP con miras a las municipales de 2019.
Incluso el PSOE tiene opciones de sacar rédito de su pérdida, si explota el discurso de la ética y del rechazo a los chantajes, como ya hizo el número 3 de la cúpula regional, José Muñoz. Los socialistas siempre pueden esgrimir que actuaron, que asumieron sacrificios para reconducir la situación con la salida de Echávarri, frente a la inactividad de Ciudadanos (Cs) a la que aludió Muñoz, y al oportunismo del PP, que "logra en los juzgados la Alcaldía que no logró en las urnas", como subrayó Montesinos.
Por su parte, el PP tratará de aprovechar el año de gracia que resta por agotar el mandato para rentabilizarlo con la puesta en marcha de los proyectos y los recursos con los que contaba el Gobierno saliente. Podría llegar a ejecutar actuaciones por una suma de 80 millones entre las inversiones sostenibles de 2017 y 2018 y las ordinarias de los presupuestos de este año.