ALICANTE. La sentencia sobre el Plan General de Alicante investigado en el marco del caso Brugal, conocida este miércoles, ha dado un nuevo aliento a los grupos políticos que conforman el eje progresista en la corporación municipal con el propósito de presionar al equipo de gobierno (PP y Cs) para que, como mínimo, puedan dilucidarse responsabilidades políticas en la tramitación de ese planeamiento mientras se dilucida si ese fallo absolutorio deviene firme. Cuando menos, Unides Podem y Compromís anunciaron este jueves sendas iniciativas paralelas con ese fin que ya cuentan con el respaldo del PSOE.
¿De qué propuestas se trata? En primer término, Unides Podem instó al bipartito a constituir la comisión municipal aprobada en abril de 2020 con el fin de depurar posibles responsabilidades políticas en el proceso de confección del que debía convertirse en el nuevo PGOU de la ciudad y que no llegó a entrar en vigor después de que, el propio PP, acordase su retirada a principios de 2015 (meses después de que la exalcaldesa, Sonia Castedo, presentase su dimisión).
El portavoz de la confluencia, Xavier López, justificó la petición al considerar que "es el momento de impulsar una comisión de investigación", que, según recordó, se aprobó -a iniciativa de Compromís- justo cuando el promotor Enrique Ortiz alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. En virtud de ese pacto, el empresario confesaba la autoría de los hechos que se le atribuían y se mostraba dispuesto a asumir una pena de dos años de prisión sustituible por el pago de una suma próxima a los 1,6 millones en concepto de multa y de indemnización al Ayuntamiento de Alicante, a modo de compensación por los gastos de tramitación del PGOU. No obstante, antes del juicio, su defensa cambió de estrategia y se retractó de ese acuerdo para defender su inocencia.
De ahí que, según López, "aunque el constructor posteriormente se retractase y se haya librado de la condena, en primera instancia, las grabaciones que toda la sociedad ha escuchado siguen existiendo, así como las responsabilidades políticas siguen sin esclarecer". Por ello, insistió en que "es el momento de dilucidar y esclarecer las actuaciones políticas que, no sólo han mantenido a nuestra ciudad en el foco de la corrupción durante tanto tiempo, es que han perjudicado el desarrollo de la misma, al judicializar el documento que debe ordenar y organizar el urbanismo de nuestra ciudad". Así, aseguró que "aún no está cerrada la vía judicial, confíamos en el recorrido de los posibles recursos y que no se traslade la sensación de impunidad y escándalo que existe ahora mismo en la ciudadanía alicantina", añadió.
Por último, insistió en que "hay comportamientos y decisiones políticas que la ciudadanía se merece conocer; independientemente de cómo se haya pronunciado la justicia, hay una cuestión de ética por la que Barcala y el PP no pueden pasar de puntillas". López recalcó que "el daño que se ha hecho a la reputación de esta ciudad tiene responsables políticos y hay que esclarecer y llegar hasta el final porque estamos seguros que se han producido muchos errores y comportamientos éticamente reprobables en todo este asunto", concluyó.
Por su parte, los ediles del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas, salieron al paso de las manifestaciones ofrecidas por el actual alcalde, el popular Luis Barcala, el mismo miércoles (cuando aseguró que el Ayuntamiento acataría la sentencia y que no interpondría recurso de casación) para instarle a reconsiderar su posición y emplazarle a solicitar un informe a la Asesoría Jurídica municipal para que se estudien las posibilidades de recurso frente la sentencia de la Audiencia. Según apuntaron, se trataría de mantener la posición municipal "como parte interesada en la acusación, como el Ayuntamiento viene haciendo desde el año 2015". "Desde Compromís no podemos entender que el alcalde, sin conocer el contenido de la sentencia, haya renunciado al recurrirla y luchar por la recuperación del dinero público municipal", recalcó Bellido.
En esta línea, señaló que "el alcalde se debe a los intereses generales de la ciudad y tiene que pensar primero en los alicantinos y las alicantinas sobre los intereses de su partido, el PP". "Le pedimos a Barcala que actúe como alcalde, y no pensando en su partido o los gobiernos municipales, del que él también formó parte, y que han sido investigados por la justicia. Por eso le pedimos que replantee su decisión que tomó de forma precipitaba e irreflexiva guiándose por motivos partidistas y no por la defensa de los intereses generales de Alicante. Toca defender la institución municipal y no a su partido", insistió.
Después, amplió su propia valoración política sobre la sentencia para asegurar que "Compromís no puede entender y compartirla". "Brugal o Gürtel son los ejemplos de esta etapa podrida de la política y es incomprensible que ello tenga como resultado absoluciones, prescripciones de delitos, anulación de las pruebas o multas ridículas, lo que genera una incomprensión creciente de la ciudadanía hacia las resoluciones judiciales", añadió. Por último, recalcó que "es complicado admitir la absolución de los momentos más oscuros de la política, de los episodios de corrupción que unían la financiación del PP y sus campañas electorales con el presunto trato de favor a determinados empresarios, tanto aquí en Alicante, así como ocurría en el conjunto del País Valencià o en el resto del Estado".
Por el momento, las posiciones de Unides Podem y Compromís -que podrían materializarse en sendas iniciativas para su debate en el pleno ordinario de julio- contarían con el respaldo del PSOE. Su secretario general y concejal alicantino, Miguel Millana, consideró también este miércoles que resultaría oportuno "solicitar un informe jurídico sobre las posibilidades de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo" en defensa de los intereses municipales, aunque apuntó que "posiblemente la petición no tenga mucha viabilidad porque el PP cuenta con el apoyo de Cs y de Vox".
Respecto a la convocatoria de la comisión de investigación sobre el PGOU de Brugal, tanto Millana como el portavoz municipal, Paco Sanguino, coincidieron en señalar que, ahora que ya existe un pronunciamiento judicial, "es el momento de entrar a debatir sobre las responsabilidades políticas". Con todo, también auguraron que la solicitud de convocatoria previsiblemente tampoco tendría posibilidades en la medida en que "Barcala impone su Ley; dice y luego hace lo que quiere, lo cual resulta descorazonador", apuntó Millana.
PSOE, Unides Podem y Compromís reclaman también que se convoque la comisión de investigación aprobada en abril de 2020 para depurar responsabilidades políticas sobre el fallido PGOU
¿Tiene realmente posibilidades de prosperar alguna de las dos peticiones en el caso de que se debatan en el pleno? Lo cierto es que, como mínimo, Vox sí secundo la propuesta para crear la comisión de investigación con el fin de depurar responsabilidades políticas sobre el fallido PGOU, por lo que no sería descartable que pudiese secundar la petición de su convocatoria.
Ciudadanos (Cs), por su parte, se ha limitado a mantener una posición neutra sobre el contenido de la sentencia, sin posicionarse, a diferencia de lo que sí hizo el propio alcalde al expresar "su satisfacción" por el fallo. En esta línea, la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, se limitó a asegurar que "como siempre, desde Ciudadanos respetamos la decisión de la Audiencia provincial, nos guste más o menos". No fue más allá y no aportó ninguna valoración adicional respecto a los exdirigentes del partido con el que ahora comparte responsabilidades de gobierno.
Quien sí se manifestó, también este jueves, fue el exconcejal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien aseguró que "en su momento cumplimos con nuestra obligación de denunciar el caso a nivel político y judicial" desde las filas de Esquerra Unida (EU). "A nivel político conseguimos acabar con una oscura etapa de gobiernos municipales en el Ayuntamiento de Alicante y con un Plan General insostenible contrario a los intereses generales de la ciudad. Pero, a pesar de lo que todos pudimos escuchar en las vergonzosas conversaciones entre Alperi, Castedo y Ortiz, la sentencia no considera probado el amaño del Plan General y no se castiga por ello a los protagonistas del mayor caso de corrupción que ha afectado a la ciudad de Alicante pese a que el propio Ortiz llegara a autoinculparse reconociendo los delitos de los que se le acusaba. Alperi y Ortiz son condenados por cohecho - soborno -, pero la ciudadanía ha quedado en su conjunto muy decepcionada por una sentencia de la que se esperaba una condena ejemplar ante unos hechos que parecen quedar impunes", concluyó.
Los portavoces de Unides Podem, PSOE y Compromís: López, Sanguino y Bellido.
