La oposición exige explicaciones a Barcala y lleva a Fiscalía el contrato del 'colaborador' de Belmonte

ALICANTE. Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís, han coincidido este miércoles en exigir la comparecencia del alcalde, el popular Luis Barcala, para que facilite explicaciones ante el pleno sobre la contratación de un asesor municipal, Miguel Ángel Redondo, que colaboró con la Concejalía de acción social durante la etapa en la que esas competencias eran asumidas por la actual edil no adscrita, Nerea Belmonte, expulsada de Guanyar y de Podemos después de que trascendiese que había concedido contratos menores de manera directa a personas afines. Además, tanto el PSOE como Cs y Guanyar han anunciado su intención de dar traslado de esa contratación a la Fiscalía para que las incorpore a las diligencias que se siguen en relación a la supuesta oferta de sueldo que Belmonte aseguró haber recibido para condicionar su voto en el pleno de investidura del nuevo alcalde tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. En ese pleno, Belmonte emitió un voto en blanco que acabó dando la alcaldía al popular Luis Barcala como candidato de la lista más votada.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha señalado, además, que iniciaría acciones legales contra Redondo en relación, a la supuesta declaración que Redondo efectuó en sede judicial sobre supuestos cobros no declarados durante su supuesta etapa de colaboración con el partido de Albert Rivera, en la campaña de las municipales.

Los líderes de PSOE, Guanyar y Compromis, Eva Montesinos, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, han añadido que, puesto que existe una investigación abierta en relación a la posición de voto de Belmonte, debería contemplarse la apertura de una segunda línea de indagación para analizar quién pudo haber resultado beneficiado por la contratación de Redondo. Además, han instado a Barcala a explicar por qué se trata de reactivar ahora la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) presentada por Belmonte para que se le reconozcan los mismos derechos politicos y económicos que al resto de ediles de la oposición. Se trata de una reforma que comenzó a tramitar el PSOE el pasado diciembre, que cuenta con el aval del secretario municipal desde finales de enero y que no se ha llevado a pleno desde entonces. Esa reforma no implica que a Belmonte se le vaya a conceder sueldo de forma automática, ya que para ello habría que promover un segundo acuerdo plenario independiente.