Planta de residuos de Elche, cuya ampliación denuncian los ecologistas. Foto: APALICANTE. El colectivo Ecologistas en Acción ultima una denuncia ante la Comisión Europea por el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de residuos de Elche, que gestiona el Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó (formado por la Diputación y 10 municipios liderados por Elche). La denuncia, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, se basa en la presunta vulneración de dos normativas europeas de contratación pública, que el colectivo considera que estaban en vigor por aplicación directa cuando el consorcio adjudicó las obras de ampliación.
En esencia, los ecologistas denuncian que las obras de ampliación de la planta de residuos, necesarias para mejorar su capacidad de recuperación y cumplir los objetivos marcados en el Plan Integral de Residuos (PIR), se adjudicaron directamente a la UTE Urbahormar (formada por Urbaser y CHM), que es la que gestiona la planta, sin sacarlas a licitación. El argumento empleado para no licitar el proyecto, valorado en 19 millones (impuestos incluidos), es que las obras se tenían que simultanear con la actividad de la planta, por lo que si se adjudicaba a una empresa distinta el proyecto iba a ser más problemático.
Los ecologistas ponen en duda este argumento porque la ampliación de la planta de Xixona, por un importe mucho menor (3,5 millones) sí se sacó a licitación, aunque la única empresa que se presentó fue la adjudicataria de la gestión. Asimismo, cuestionan que la adjudicación de unas obras se haya efectuado con la modificación de un contrato de gestión, sin firmar uno de obra.
Para poder llevar a cabo esta adjudicación, el Consorcio realizó una modificación de las cláusulas administrativas del contrato con la UTE en octubre de 2017. Dado que el plazo de adjudicación inicial de la gestión de residuos ya se había ampliado anteriormente hasta 2030, la fórmula para compensar las obras a acometer fue la de elevar el canon que percibe la empresa por la gestión. Así, el precio por el tratamiento mecánico de cada tonelada se incrementó a 30,1 euros (antes eran 18,28), mientras que el precio de cada tonelada extra a partir de las 140.000 que se establecieron como máximo anual se cobrará a 19,61 euros, un 53% más. Así, el precio por tonelada sube un 47,2%, para compensar la inversión realizada por la UTE.
El incremento del canon anual en ese 47,2%, denuncian los ecologistas, acabará trasladándose al ciudadano vía tasa de basuras en cada municipio. De momento, el consorcio no ha adoptado ninguna decisión en este sentido, por lo que esa modificación de tasas aún no se ha puesto en marcha. No obstante, cabe matizar que si bien las obras de ampliación de la planta ya están terminadas, la previsión inicial era que se desarrollasen a lo largo de todo este año, por lo que el cambio en el contrato entrará en vigor en enero de 2019.
A juicio del colectivo que en Alicante dirige Carlos Arribas, la fórmula empleada por el consorcio para acometer la ampliación de la planta vulnera dos directivas europeas de contratación: la 2014/24 UE y la 2014/23 UE. Según esta normativa, una obra pública de 19 millones de euros (18,9 millones, impuestos incluidos, según el presupuesto) debería haberse sacado a licitación, y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para que cualquier empresa de un estado miembro pudiese presentar oferta, de estimarlo oportuno.
La cuestión es que estas dos normativas deberían haberse traspuesto a España en 2017, antes de la modificación del contrato, pero no se llegó a tiempo por la doble cita electoral. No obstante, el derecho comunitario establece que cuando un Estado miembro no traspone una directiva en el plazo (tres años desde su aprobación), además de imponerle una sanción a dicho Estado, la directiva entra en la fase conocida como de 'efecto directo', por lo que se aplica aún sin la trasposición si la invoca un particular afectado. Una garantía que se estableció para garantizar la igualdad de derechos en todos los territorios de la Unión. Es decir, que a juicio de Ecologistas en Acción, debería haberse observado y sacar a licitación las obras.
El concejal de Limpieza de Elche, Héctor Díez, anunció en octubre del pasado año las obras de ampliación de la planta situada en el paraje de Els Cremats, al norte de la ciudad, por un importe de 15 millones de euros (sin contar los impuestos). El objetivo, tal como explicó entonces el concejal, era modernizar la planta para incrementar la recuperación de materiales y reducir su envío a vertedero, tal como establece el PIR. Díez destacó entonces que el Consorcio del Baix Vinalopó era el primero que lo iba a cumplir. El Consorcio está formado por la Diputación y los municipios de Elche, Crevillent, Santa Pola, Aspe, Novelda, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, La Algueña y Monforte del Cid. La planta recibe alrededor de 135.000 toneladas anuales, de las que 80.000 corresponden a Elche.
