Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ministerio de Transición Ecológica dictó una orden de derribo que tenía un plazo de tres meses que acababa en las últimas semanas. Pero al final no se ha podido ejecutar. ¿El motivo? Según fuentes del propio Ministerio consultadas por este diario, los múltiples recursos interpuestos contra la decisión tomada hacen que no sea firme y por tanto, haya que esperar a que se pronuncien las partes apeladas.
Así, detallan que contra la resolución del expediente de recuperación posesoria que ordenaron al Ayuntamiento de Benidorm que incluía la demolición de las obras, el Ayuntamiento ha formulado requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo. Hay que tener en cuenta que para su derribo, tenían que desahuciar previamente a la empresa que explota el negocio. Igualmente, la mercantil que explota el establecimiento ha interpuesto recurso de alzada. Es decir, que otro organismo revise dicha orden.
Según explican estas mismas fuentes, en la actualidad, los dos están pendientes de resolución. "Por lo que al no ser firmes en vía administrativa, no puede instarse la ejecución", comentan.
Pero eso no es todo, otro de los pasos que ha dado el ayuntamiento ha servido para contribuir en la paralización de este derribo. Muchos son los que prefieren la proposición del gobierno local, incluido uno de los más reivindicativos con el tema, Compromís, ya que creen que su derribo sería perjudicial para el terreno. Es por esto que la propuesta del Ayuntamiento es la de reconvertir esta construcción en un centro de interpretación medioambiental.
Hay que tener en cuenta que la polémica surge después de que el Parque Natural de Serra Gelada se conformara como tal a principios de este siglo, y por tanto, contara como un espacio natural protegido, donde instalaciones como la actual, una explotación de restauración, no son legales. Con la complicación de que es un bar preexistente a esta ley.
Pero eso no es todo, los empresarios que llevan durante 50 años explotando este lugar de interés, han recurrido a la Audiencia Nacional la resolución de Costas por la que dictaban no haber lugar al otorgamiento de la concesión para ocupación del dominio público marítimo terrestre, en relación con las ocupaciones existentes en el islote de Benidorm, al no reunir los requisitos legales necesarios para ello (no son titulares registrales y no han acreditado la licencia municipal necesaria de actividad).
Con todo, el bar ha abierto una temporada más este establecimiento, por el que ha pedido licencia de apertura, y el propio ayuntamiento se la ha denegado por no cumplir con los requisitos. Ante esto, fuentes del Ministerio concluyen que no pueden instar al Ayuntamiento a la restitución, "ni ejecutarlo subsidiariamente, al no haber adquirido el acto de demolición firmeza, y es el propio Ayuntamiento el que está permitiendo la explotación del negocio sin licencia municipal".
