Hoy es 15 de agosto
CASTELLÓ. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2021 incluirán una partida con la que el Gobierno autonómico intervendrá en operaciones de compraventa de viviendas a fondos buitre para ponerlas a disposición de los ayuntamientos. Es el propio conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Ruben Martínez Dalmau, el que anunció este viernes en Castelló la medida, de la que no pudo adelantar la cuantía porque las cuentas todavía están en proceso de definición, dijo.
Esta es una de las novedades, la capacidad de comprar vivienda para los consistorios, del decreto de tanteo y retracto que el Consell tramita y que aprobará "el próximo miércoles, día 15", dijo el conseller. A partir de ese día, señaló Martínez Dalmau, los ayuntamientos ya podrán firmar con la Conselleria los convenios por los cuales esta los asesorará para captar inmuebles con los que aumentar su parque público de vivienda. Y es que el Ejecutivo autonómico también apoyará esta intervención pública "con información", además de "con dinero".
Por el momento, "ya hay muchos ayuntamientos que nos han pedido" ayuda en esta cuestión, señala el conseller de Vivienda. Y más después de que este jueves su departamento interviniese, por primera vez en quince años, 218 viviendas en un procedimiento de venta del Banco Sabadell al fondo Cerberus, la mayor operación de este tipo en España y que se realizó sin embargo en base a la norma de 2004.
Además de sumar supuestos a las intervenciones por tanteo y retracto (viviendas obtenidas en ejecuciones hipotecarias o mediante la dación en pago), el decreto que el Consell prevé aprobar el próximo miércoles también aporta otra novedad: las viviendas obtenidas en base a él "serán las primeras que tendrán una cualificación permanente [como públicas], ya no podrán ser privatizadas o vendidas a particulares como hacía el Partido Popular cuando gobernaba o ha hecho en otras comunidades, como Madrid; aquí ningún gobierno podrá vender ya las casas públicas a particulares o fondos buitre".
El objetivo de todo ello, según Martínez Dalmau, es "duplicar el parque público de vivienda en diez años", algo que se hará "entrando en macrooperaciones, que hasta ahora eran muy oscuras y que habitualmente se hacían de espaldas a la Administración". El conseller rechaza de esta manera que se vaya a intervenir en operaciones entre particulares: "No nos interesan", asegura, "se trata de frenar la especulación".
El también vicepresidente segundo del Consell señala que, si los ayuntamientos se suman a esta iniciativa, la norma supondrá "una revolución" en el mercado inmobiliario de la Comunitat. Descarta además modificar el decreto: en su opinión, la norma "tiene todas las garantías democráticas". En este sentido, Martínez Dalmau asegura que el Govern del Botànic "está plenamente incorporado en la voluntad" a la que responde la norma, a pesar de que sus socios incluso han expresado sus dudas acerca de la misma.