Hoy es 15 de agosto
BENIDORM. Los propietarios de las viviendas de Gemelos 28 están a la espera de qué ocurrirá esta vez tras la decisión judicial que ordena su derribo, como así publicara Alicante Plaza. El TSJ le ha dado tres meses al gobierno valenciano para que consigne la cantidad exigida, unos 72 millones de euros, así como para presentar un plan de demolición. Todo ello después de ratificar que eran ilegales por ocupar una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Mientras tanto, los propietarios se han visto afectados por esta decisión y al Consell le está suponiendo un quebradero de cabeza por la cantidad a resarcir.
Al otro lado está el ayuntamiento de Benidorm. La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, preguntada por este diario, tiró balones fuera y dijo que los que tienen que buscar el dinero para que se ejecute la sentencia es la Generalitat. Caselles indicó que están a la espera de que se les presente un proyecto de demolición, y sí que entendió que eran parte afectada, a pesar de que se enterara de todo por la información que le transmitieron los vecinos.
Asimismo, indicó que parte de los propietarios pidieron una reunión con el Ayuntamiento para informar sobre cómo está la situación actual del edificio. Un encuentro que tendrá lugar a finales de esta semana, y para la que contarán con la presencia del alcalde de Benidorm.
En declaraciones a este diario, un propietario español que adquirió su vivienda antes de que se declararan ilegales, dijo que saben que ir a la reunión no servirá más que para informar al ayuntamiento porque poco o nada pueden hacer, "salvo presionar para que se derriben o no". El dueño, que no quiso identificarse ante la opinión pública, explicó que para él lo justo sería que se aclarara la situación ya que llevan desde 2012 con la incertidumbre de qué es lo que ocurrirá con sus casas, con la primera sentencia del Supremo que las declaraba ilegales. "No podemos hacer reformas, ni venderla por la inseguridad que tenemos", dijo.
De esta forma, indicó que para él lo primero es que se legalice y conservar la vivienda porque lo compraron con todos los papeles en regla, además de que consideró que sería injusto si luego vuelve a edificarse dentro de los limites exigidos en la actualidad.
Asimismo, afirmó que a él no le ha llegado aún ninguna notificación del administrador para dar los datos de compraventa con el que realizar la tasación: "supongo que como la Generalitat ha recurrido la decisión, habrá que esperar", comentó.
En este sentido, aseguró que el pago del precio de adquisición, más un 20% del mismo, "es buena según se mire, ya que no sé si están todos los gastos incluidos, como los impuestos y otros gastos", dijo.