Los pubs de Alicante acuden al TSJ para intentar tumbar el decreto de cierre antes del viernes 

ALICANTE. Los locales de ocio de Alicante, agrupados en torno a la asociación Alroa, acudirán al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat este mismo miércoles, si todo sale según lo previsto, para intentar tumbar el decreto del Consell (coordinado con el resto de autonomías y el Ministerio de Sanidad) que establece como una de las medidas de contención del coronavirus el cierre completo del ocio nocturno. Alroa mantuvo este martes una reunión con la Policía Local de Alicante para "interpretar" el texto, que consideran "el más restrictivo" de entre todas las autonomías, y su equipo jurídico pasó la noche trabajando para intentar llegar a tiempo.

La estrategia de la asociación que preside Francisco Javier Galdeano pasa por interponer un recurso en el TSJ en el que se pida, como medida cautelar, la suspensión del decreto recurrido. Al tratarse de un procedimiento exprés, el Alto Tribunal autonómico debe resolver sobre la petición cautelar en un plazo no superior a las 48 horas, por lo que si se cumplen los plazos (y el recurso de Alroa llega a tiempo), el viernes debería haberse pronunciado al respecto. La esperanza de los pubs alicantinos es que el TSJ acepte la suspensión cautelar de la aplicación, al considerar que el texto de la Generalitat presenta varios defectos formales, de forma que sus asociados puedan abrir al público la misma noche del viernes.

El presidente del Alroa lamentó, en declaraciones a este periódico, que el decreto de la Generalitat sea más restrictivo a su juicio que el de otras autonomías, y calculó que puede afectar a unos 200 locales de ocio de Alicante. En este sentido, señala que "tal como está redactado, solo se libran los salones lunch, el resto de formatos está afectado por la orden de cierre". Franc señala en este sentido que "es una ruina", por lo que su última esperanza es ganar en el TSJ. "Es nuestra última baza, si nos sale bien, perfecto; y si sale mal, pues a esperar 21 días", que es el plazo inicial que se ha impuesto el Consell para valorar la efectividad de las medidas y decidir si las levanta o las prorroga.

La asociación de pubs de Alicante mantuvo este martes varias reuniones con responsables de la Policía Local de la capital alicantina, tanto con locales del centro como de la zona de playas, para clarificar la interpretación del decreto del Consell y no generar conflictos entre pubs que pudieran entender que, por su formato, están exentos de cumplirlo. Con todo, Franc advirtió de que "se está hablando solo del ocio nocturno, pero este decreto es también una ruina para la restauración: la nueva distancia entre personas te obliga a montar menos mesas de las que tenías, y al no poder servir a partir de las 12 de la noche, pierdes el último turno de cenas".

En su cruzada contra el decreto del Consell, los pubs de Alicante han encontrado la complicidad del equipo de gobierno del PP y Cs y, específicamente, del alcalde, Luis Barcala. El munícipe se reunió también con Alroa el mismo lunes por la noche para conocer de primera mano la afección del cierre y les trasladó la posibilidad de que el Ayuntamiento cree una nueva línea de ayudas para el sector, para ayudar a paliar las pérdidas por el nuevo cierre. En cualquier caso, Barcala criticó la decisión del Consell al considerar que es excesivamente restrictiva y que los locales alicantinos, en su mayoría, han realizado un ejercicio de responsabilidad para vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad en las últimas semanas. 

Manifestación en Benidorm

Por otro lado, en Benidorm el sector también se ha movilizado y, a la ofensiva judicial emprendida por sus homólogos alicantinos, suma la convocatoria de una manifestación este domingo para criticar los "bandazos" del Gobierno en la aplicación de medidas para frenar la pandemia. Las asociaciones de Bares, Restaurantes y Cafeterías (ABRECA), Ocio y salas de Baile (OCIOBAL) y la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO) también han anunciado que pedirán judicialmente la suspensión cautelar del decreto de nuevas medidas frente a la Covid-19 por entender que es "discriminatorio" y que "castiga a quien lo ha hecho bien desde el principio".

El presidente de Abreca, Francisco Javier del Castillo, señaló el martes a Europa Press que las nuevas medidas con "la puntilla" para el sector benidormense que en julio se ha movido con una media de pérdidas entre un 50 y un 60% y en agosto persisten al 50%, siendo una de las zonas más dañadas por la pérdida de su habitual turista británico. De seguir así, calcula que en dos o tres meses "más del 50% de los establecimientos tendrán que cerrar" en Benidorm cuando sus empresarios aseguran estar "comprometidos desde el principio con la implementación de protocolos higiénicos sanitarios muy estrictos que han supuesto un gran esfuerzo económico y organizativo, que se ha visto reflejados en un éxito en los datos sanitarios".