MADRID (Efe). Los representantes de las principales cadenas de supermercados del país han considerado equivocado intentar acabar con la venta a pérdida a través de restricciones a las promociones y descuentos en tienda, y han rechazado que sean los causantes del problema de los bajos precios en el campo.
Así lo han señalado este jueves los representantes de la patronal Asedas y ACES, Ignacio García Magarzo y Aurelio del Pino, quienes han comparecido ante el Congreso de los Diputados en el marco de una sesión dedicada al análisis de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
García Magarzo ha señalado que el Gobierno "no ha regulado correctamente" la venta a pérdida por hacerlo "sin suficiente meditación", y también ha errado el tiro a la hora de extenderlo al ámbito agroalimentario a base de introducir restricciones a las promociones de los supermercados.
"Hay que conectar ambas regulaciones para hacer algo coherente, seguro y que permita a los operadores trabajar (...) Con la definición actual, ni las empresas pueden diseñar promociones ni los funcionarios pueden corregir actitudes lesivas cuando se produzcan", ha lamentado.
García Magarzo ha puesto el acento en el apartado de la ley que prohíbe "actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos", ya que en su opinión este punto tiene "una redacción errónea".
El responsable de Asedas -entidad que agrupa a Mercadona, DIA, una decena de cadenas regionales y las centrales de compra IFA y Euromadi- ha instado a los diputados a no confundir el problema de los bajos precios en origen que perciben los agricultores en ocasiones y la lucha contra las malas prácticas comerciales.
García Magarzo ha incidido en que ambos conceptos son "complementarios", pero no existe una relación directa entre ellos, ya que la ausencia de malas prácticas comerciales no implica automáticamente una mejora de los precios en origen hasta superar los costes.
Para el responsable de Asedas, la prohibición de vender por debajo del "coste efectivo de producción" -concepto introducido en la ley hace casi un año y que es cuestionado por los representantes de la industria- sí se puede aplicar, aunque ha reconocido que habrá que estudiar si esa cláusula no acabará perjudicando a los agricultores menos eficientes.
"Nosotros vamos a tratar de que los cambios no perjudiquen al consumidor aumentando los precios, él también es un eslabón débil", ha insistido García Magarzo.
Por su parte, el presidente de la patronal ACES -que aglutina a los supermercados de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Lidl y Eroski-, Aurelio del Pino, ha coincidido en que es necesario "revisar la regulación introducida" hace cerca de un año en cuanto a la actividad promocional.
"Nos encontramos con muchos problemas de inseguridad jurídica, no podemos estar sometidos al criterio interpretativo de un funcionario, no precisamos restricciones donde no hacen falta", ha argumentado.
Del Pino ha señalado que la ley debería centrarse en dónde se encuentra el quid de la cuestión, que bajo su punto de vista es en la falta de contratos en el sector primario a la hora de vender sus productos a los siguientes eslabones.
En este sentido, ha cuestionado las críticas que recibe el sector por impulsar supuestamente los precios a la baja: "Tenemos importancia, pero no tanta como algunos nos atribuyen", ha esgrimido el presidente de ACES, quien sí ha considerado que existe un elevado poder de concentración entre las grandes multinacionales de la industria alimentaria.
De hecho, ha incidido en que el margen de beneficio de las cadenas de supermercados ronda el 2 %, frente al 18-20 % de algunos grandes fabricantes, según sus datos.
Del Pino ha abogado también por hacer más estudios que evalúen la formación de precios a lo largo de la cadena de valor, pero ha lamentado los análisis simplistas que hablan de enormes diferencias entre el importe que reciben los agricultores y el coste que paga el consumidor sin analizar el trabajo realizado entre medias (transformación, transporte, etc.).