Mollà sí apoya una tasa turística autonómica para paliar la huella del turismo en residuos o agua

VALÈNCIA (EP). La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha señalado que si la tasa turística tuviera carácter finalista y fuera para toda la Comunitat Valenciana, esos recursos deberían utilizarse para "paliar la huella que deja el turismo en ámbitos ambientales, en gestión de residuos o aguas".

Así se ha expresado este martes la consellera en una entrevista en À Punt Radio recogida por Europa Press, al ser cuestionada sobre la tasa turística, que ha puntualizado que era una cuestión que "no estaba madura" para incluirse en el acuerdo del Botànic II, aunque no renuncian a tener debate.

En este contexto, se ha mostrado "convencida" de que "a lo largo de la legislatura llegará la madurez suficiente como para que haya acuerdo" dentro del Consell y cree que debe ser "cuanto más flexible mejor", pero ha precisado que si fuera para toda la Comunitat podría utilizarse para "paliar la huella que deja el turismo en ámbitos ambientales, en gestión de residuos o aguas". "Si tiene carácter finalista, para toda la Comunitat, creo que todos sabemos dónde tienen que ir esos recursos, para mejorar la gestión de las aguas, los residuos y espacios naturales", con el fin de poder "tener un turismo que disfrute de entornos en condiciones", ha sostenido Mollà.

Por otro lado, cuestionada por la situación de los cítricos, la consellera cree que es "un absurdo" la actitud de la Comisión Europea (CE) y ha reivindicado que Europa no puede dejar entrar "con total tranquilidad y sin la vigilancia ni las exigencias previas correspondientes a productos que no tengan, al menos, las mismas garantías que nos exigimos a nosotros mismos".

Si hay una cosa que en el marco europeo ponemos en valor es que lo que producimos tiene una calidad que podemos mostrar como seña de identidad, nos imponemos unas normas de protección para salvaguardar a  los consumidores. No puede ser que dejemos entrar con total tranquilidad y sin la vigilancia ni las exigencias previas correspondientes a productos que no tengan al menos las mismas garantías que nos exigimos a nosotros mismos", ha subrayado.

Así, ha criticado las cláusulas de salvaguarda que se incluyen en los acuerdos en lugar de implementar exigencias previas. "Si tuviéramos exigencias previas, no tendríamos que activar cláusulas de salvaguarda respecto a esto, a introducir alimentos tratados con fitosanitarios que prohibimos aquí", ha criticado.

El acuerdo de Mercosur

Asimismo, preguntada por el posible lobby valenciano en Bruselas para la defensa de la agricultura, Mollà ha señalado que pretenden dotar a la oficina de la Comunitat en la capital europea para que tenga "mayor influencia para velar por los intereses de los valencianos", aunque ha puntualizado que es el Gobierno de España el que participa en los foros donde se toman decisiones.

A este respecto, ha señalado que, en el acuerdo de Mercosur, se siente "más reconocida" en la actitud del Gobierno francés que en el español. Así, ha señalado que el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha pedido "concretar la letra pequeña" y ha advertido que si el acuerdo "no representa los intereses de los agricultores franceses, Francia no estará en la ratificación del tratado", ha explicado Mollà. "El Gobierno español es uno de los que ha impulsado Mercosur y ha hecho gala. Después de 20 años de negociación del tratado, aún no tiene garantías suficientes para la agricultura. Se ha negociado un acuerdo que velaba por la promoción de unas economías en detrimento de otras", ha denunciado.

Menor impacto humano con la 'Xylella'

 Por otra parte, al ser cuestionada por las actuaciones contra la Xylella fastidiosa, Mollà ha señalado que es "una decisión de Europa, que ha definido el protocolo de actuación y tenemos obligación de aplicarlo", al tiempo que ha añadido que pueden "equivocarse", por lo que cree que es acertado que se revise ese plan -el acuerdo sobre las actuaciones debe ser ratificado por los 28 países de la comisión técnica-. "Es una situación extrema que continúa. No sabemos hasta qué punto querrán modificarlo. Mientras decidimos cómo actuamos ante la obligación del protocolo de erradicación, tenemos uno propio que define esa erradicación de manera ordenada con el menor impacto humano posible", ha detallado.

Así, ha señalado que las fincas no trabajadas son las primeras en las que se aplica. "Damos margen de tiempo para que trabajen sus tierras. Creo que es la manera más sensata de cumplir la obligación, trabajar por si cambia y tener menor impacto humano posible", ha argumentado Mollà.