CASTELLÓ. Podem-EUPV pidió las ayudas a dedo del conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, sin contar con sus otros dos socios del Acord de Fadrell en el Ayuntamiento de Castelló. El PSPV y Compromís conocieron "a posteriori" que la capital de la Plana se beneficiaba de una partida de 500.000 euros para impulsar la reforma de la Cámara Agraria, obra valorada en 3,5 millones de euros. Según fuentes municipales, la confluencia decidió "unilateralmente" formalizar la solicitud y evitó elevarla a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, como procedimiento ordinario, amparada en la "urgencia" de la propuesta.
Las mismas fuentes señalan que algunos miembros del ejecutivo local se enteraron del proyecto incluso por la prensa, lo que "generó ciertas fricciones internas", añaden. En este contexto, causó especialmente malestar las consecuencias económicas derivadas del albedrío del portavoz de la convergencia y concejal de Transición Ecológica. La obtención de la subvención dentro de Reconstruïm Pobles implicaba "comprometer el presupuesto futuro" al tener que incluir financiación en las cuentas municipales de 2021 y 2022.
Las bases del programa autonómico recogen que los proyectos plurianuales deben ejecutarse obligatoriamente en los próximos dos ejercicios. De ahí que en la presentación de la reforma del inmueble en julio pasado el propio Navarro explicara que, una vez presentada la memoria ante la Conselleria de Vivienda, el siguiente paso obedecía a la licitación de la redacción de la obra civil. Entonces, el munícipe de Podem-EUPV se marcaba como objetivo antes de final de año con el propósito de sacar a concurso la actuación "en el primer semestre de 2021".
Castelló es uno de los 24 municipios de los 70 beneficiarios de las ayudas que no cumple los requisitos ni alcanza tampoco las puntuaciones mínimas. Como viene informando Valencia Plaza estos días, Dalmau adjudicó ayudas saltándose los criterios de la Conselleria. Así, anunció en verano un programa para realizar actuaciones urbanas en localidades de la Comunitat Valenciana. Un plan de subvenciones dirigido a rehabilitar edificios y adecuar entornos urbanos.
Priorizar la actuación
Podem-EUPV, en nombre del Ayuntamiento, se presentó a la primera convocatoria con la mejora de la Cámara Agraria, consiguiendo 500.000 euros. Para el resto de la inversión, planteó que una parte importante del dinero surgiera de los fondos de la Unión Europea, por lo que instó al equipo de gobierno a priorizar la ejecución, como así señaló Navarro.
El líder de la confluencia subrayó que, con la restauración del edificio, se pretendía "convertir este espacio en centro de los servicios municipales de Agricultura y Sostenibilidad". El traslado de las dependencias restaría competencias a la Concejalía de Urbanismo y que la confluencia viene reclamando como propios desde que se abrió el debate sobre la Relación de Puestos de Trabajo.
Al respecto, cabe recordar que el socio minoritario del Fadrell supeditó respaldar el presupuesto de 2020 a la creación de una unidad administrativa para Transición Ecológica. El tira y afloja se prolongó durante varias semanas, hasta que el PSPV y Compromís accedieron a tener un "gesto" vinculando una plaza de Ingeniero Agrónomo al departamento dirigido por Navarro.
Catarroja y Sueca se unen a las acciones legales
El pasado miércoles, Albaida y Mislata ya plantearon acciones legales contra Dalmau por el caso de las ayudas a dedo. Ahora, otros municipios que también se quedaron fuera de la convocatoria empiezan a salir al paso, especialmente después de conocer que podrían haber sido potenciales beneficiarios de la subvención si no hubiera sido por la elección de otros con menor puntuación. Este es el caso, por ejemplo, de Catarroja y Sueca, en Valencia.
"Fue una cosa bastante rara, porque presentamos un proyecto para la remodelación de las plazas del centro histórico con un anteproyecto ya redactado de la anterior legislatura", comenta al respecto el regidor de Urbanismo de Catarroja, Martí Raga. En este sentido, el concejal explica que su municipio concurrió a la subvención con una propuesta muy madura y trabajada, hasta el punto de que ya daban por hecho que serían uno de los beneficiarios. No en vano, la memoria aportada se adaptaba a todos y cada uno de los baremos elaborados por la Conselleria de Vivienda: era un proyecto de mejora patrimonial y cultural, contaba con una documentación avanzado estado de elaboración, e incluso cumplía el requisito extraordinario de haber pasado por un proceso de participación ciudadana.
La negativa, por supuesto, generó una sorpresa mayúscula: "Nos sorprendimos bastante cuando no nos vimos en el listado, y nos preguntamos qué podría haber pasado". Unas dudas para las que no existen respuesta, pues el área dirigida por Dalmau jamás llegó a explicar a los municipios excluidos qué era lo que fallaba en los proyectos. De hecho, ni siquiera se ha hecho público índice con la nota de los municipios, por lo que los Ayuntamientos no tienen forma oficial de saber en qué posición se encuentran.
"Vamos a estudiar el caso y ver qué opciones tenemos", expone Raga sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra Dalmau. Cabe recordar que esta línea de subvenciones podría haber sido concedida a dedo sin que esto hubiera supuesto una ilegalidad. Aun así, la conselleria decidió convocar una concurrencia competitiva para hacer que ver que el proceso se había desarrollado en igualdad de condiciones, para luego acabar ignorando sus propias bases en 24 casos. Un movimiento que añade complejidad al caso: "Ahora mismo estamos valorándolo, pero si vemos cualquier mínima posibilidad de tomar acciones legales lo haremos, nos da igual cuál sea el signo político del conseller", aclara el concejal procedente de Compromís. "En cualquier caso", añade, "son ayudas discrecionales que, ilegales o no, no nos gustan nada y recuerdan a otros gobiernos que no son los del Botànic", concluye.
Sueca es otro de los municipios donde se respira el malestar por las ayudas de Reconstruïm Pobles. En este caso, el proyecto presentado pretendía llevar a cabo la segunda fase de la restauración del antiguo matadero de la localidad, un edificio modernista que forma parte del patrimonio local. El objetivo final de esta actuación es rehabilitar el edificio como Centro de Día para personas mayores. "Nosotros recibimos una comunicación donde nos decían que ya se había agotado el crédito de las ayudas porque ya se habían seleccionado los 70 proyectos", explica el regidor de Urbanismo de la ciudad, Fernando Franco.
"No nos preocupamos porque confiábamos en la gente, en la conselleria. Pero lo que no nos esperábamos es que se hubieran asignado a dedo", critica Franco al respecto. Ahora, después de conocer la realidad de los hechos, la concejalía de Urbanismo ya se ha puesto a valorar la situación con mayor profundidad: "Todavía no sabemos lo que haremos, tenemos que hablarlo con toda la junta de gobierno", aclara. En este sentido, la voluntad del consistorio es explorar el recorrido legal que podría tener una queja contra las subvenciones de Dalmau.
Dalmau dice que se han aplicado los criterios
Este jueves, el conseller afirmó durante una rueda de prensa que sí que se habían aplicado los criterios de valoración elaborados por la propia conselleria: "Claro que sí que se han seguido", explicó el vicepresidente segundo, si bien la baremación sigue sin publicarse. Así, insistió en que las decisiones sobre el programa Reconstruïm pobles se han tomado "según los criterios de valoración en el marco de la convocatoria".
El edil de Transición Ecológica, Fernando Navarro (Podem-EUPV), en una imagen de archivo. Foto: Antonio Pradas
