TORREVIEJA. La Delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, órgano de la Conselleria de Participación y Transparencia, ha remitido un escrito en el que insta a Ribera Saluda, concesionaria del departamento de Salud de Torrevieja a que cumpla con las normas de reversión en materia de facilitar la información requerida. De no hacerlo, le recuerda en el escrito, incurriría en una infracción grave. La multa, según tipifica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) oscilaría entre los 300.001 y 20 millones de euros, o el 4% de la facturación anual. Ribera señala que no le consta que haya recibido tal requerimiento de la Delegación de Protección de Datos. Desde la conselleria indica que se envió el martes.
En el requerimiento no hace referencia directa a la cuantía a la que tendría que enfrentarse de no cumplir con las normas, pero sí detalla los artículos del reglamento por lo que se rige la protección de los datos y transmisión de la información, y la obligación de facilitarla. La normativa recoge como infracción muy grave "el tratamiento de datos personales que vulneren las garantías y principios establecidos en el artículo 5 del RGPD" .
A falta de tres meses y medio -15 de octubre- para que se haga efectiva la reversión del departamento de Salud y pase a gestionarlo la conselleria de Sanidad, la empresa no ha cumplido con las normas de reversión que se le comunicó en octubre de 2020, un año antes -como marcaban las normas de la concesión- de que finalice el contrato. No ha trasladado la información que recoge las normas de reversión en cuanto al personal y las infraestructuras sanitarias y equipamiento. Esta cuestión ha llegado a los juzgados, donde la empresa recurrió las normas, el TSJCV lo desestimó e instó a Ribera a que facilitara la información. Presentó de nuevo un recurso. El proceso está estancando.
La Delegación de Protección de Datos también se ha dirigido a la Conselleria de Sanidad para conocer de primera mano qué información no les ha remitido la empresa.
La Conselleria de Transparencia inicia este procedimiento de oficio al ser el órgano de asesoramiento, supervisión e inspección con los tratamiento de datos personasl cuya responsabilidad ostenta la administración autonómica. Ha estimado que "se están produciendo problemas relacionados con la titularidad de los datos impidiendo, la empresa concesionaria, el acceso a determinada información y sisitemas necesarios para que el proceso de reversión se realice con todas las garantías para asegurar la prestación del servicio público sanitario". Tal y como recoge el Reglamento de Protección de Datos, la conselleria ostenta la condición de responsable del tratamiento de los datos personales relacionados con la gestión del servicio público por la concesión de la asistencia sanitaria.
En este requerimiento, solicita a la conselleria de Sanidad que comunique la información que Ribera Salud se ha negado a facilitar, en base a la norma cuarta de la reversión, con el detalle de la información afectada y los motivos aducidos por la concesionaria para no facilitar la información solicitada. Desde Sanidad recalcan que la empresa no es la propietaria de los datos y que de no facilitarlos estarían afectando a derechos fundamentales al afectar a la integridad y la salud de los pacientes. Supondría un "menoscabo a sus derechos y libertades". Fuentes de la Conselleria de Transparencia indican que de no facilitar la información tramitarían el siguiente paso, iniciar la denuncia pertinente por no cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.
Después del rechazo del comité de empresa, y los socios del Botànic, Compromís y Unides Podem, a la creación de una empresa pública para gestionar el personal tras la reversión, la Consellera de Sanidad, Ana Barceló, dio marcha atrás y finalmente la conselleria subrogará a la plantilla con la fórmula de personal laboral a extinguir
