VALÈNCIA. Cerca de medio año ha pasado. Se hizo poco tiempo después de que se consumara el llamado Acuerdo del Rialto, suscrito entre Compromís y PSPV en la ciudad de València para gobernar el Ayuntamiento. Ambas fuerzas convergieron en la necesidad de que el Consorcio Valencia 2007, el organismo que gestiona La Marina de València, impulsara un cambio en sus estatutos con el propósito de que el consistorio que dirige Joan Ribó pudiera ensanchar su representación en uno de los órganos de gestión del espacio.
Así, la coalición valencianista dirigida por el alcalde, y el PSPV, liderado por la vicealcaldesa Sandra Gómez, pactaron que el consistorio pasara de un representante que ostenta actualmente a dos en la comisión delegada de La Marina, el órgano encargado de despachar los asuntos ordinarios del Consorcio. Sin embargo, a día de hoy, todavía no se ha consumado la modificación de los estatutos necesaria para que esto se pueda hacer realidad.
La comisión delegada del Consorcio Valencia 2007 está formada por cuatro personas: dos nombradas por el Gobierno de España, una por la Generalitat Valenciana, y otra por el Ayuntamiento de València. El pasado mandato, era la propia Gómez quien representaba al consistorio en la comisión delegada. El 6 de septiembre se renovaron todos los miembros excepto al representante consistorial, tarea que se quedó pendiente entonces hasta que se produjera la ampliación de la representación.
La intención era que, cuando esta se hubiera producido, las dos fuerzas que gobiernan el Ayuntamiento de la capital tuvieran un miembro en esta comisión delegada: el edil Carlos Galiana por parte de Compromís y la concejala socialista Pilar Bernabé. No obstante, esta espera se truncó de forma repentina y la coalición valencianista, con el alcalde Joan Ribó al frente, acometió la renovación e introdujo a Galiana en lugar de Gómez, dejando al PSPV temporalmente fuera de este órgano.
Y así será hasta que no se consume el cambio de estatutos, buscado no sólo por los socialistas, sino también por sus compañeros de gobierno, según ha podido constatar este diario en varias ocasiones. El cambio debe impulsarse desde un órgano superior del Consorcio, el Consejo Rector.
Aquí, la modificación se ha ido demorando por la inestabilidad en la política a nivel nacional, con la repetición de elecciones estatales el pasado mes de noviembre y la consiguiente formación de gobierno. El nombramiento de los representantes del ejecutivo de Pedro Sánchez en el mencionado Consejo Rector ha evitado, según han explicado fuentes del Consorcio, consumar este cambio.