VALÈNCIA. La empresa Stock Circuit se ha adjudicado el contrato para la prestación del servicio del depósito judicial de vehículos en la Comunitat Valenciana. Así consta en la plataforma de contrataciones del Estado, que recoge que la mercantil ha ganado el concurso lanzado por la Conselleria de Justicia para la recogida, transporte, guarda y, en su caso, destrucción de los vehículos a motor intervenidos por orden judicial en la autonomía valenciana.
La compañía ha presentado una oferta que roza los cinco millones de euros como fijaba el presupuesto base. Al contrato, dividido en tres lotes, uno por cada provincia de la Comunitat Valenciana, optaron dos empresas: la adjudicataria y la UTE formada por Pavapark y la Corporación Empresarial Vectalia que quedó descartada al obtener una menor puntuación en la valoración tanto por el precio de la oferta propuesta como por su flota de vehículos. En total, el importe del concurso al completo asciende a nueve millones de euros con un plazo de ejecución de dos años.
Stock Circuit, especializada en soluciones aplicadas a la gestión de grandes flotas de automóviles, se encargará a partir de ahora de los trabajos de recogida, transporte, vigilancia, mantenimiento, ordenación, guarda y custodia de los vehículos que hayan sido puestos a disposición judicial por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sobre los cuales un órgano judicial haya determinado su depósito. También llevará a cabo labores de destrucción de los vehículos cuando así lo ordene la autoridad judicial y gestionará la tramitación de la correspondiente baja ante la Dirección General de Tráfico.
El contrato estipula que la empresa debe transportar los vehículos desde el lugar donde se encuentren, en el momento de la actuación policial o auto judicial, hasta las instalaciones de depósito judicial que haya determinado. En ningún caso el transporte de los vehículos intervenidos podrá hacerse de forma autónoma, sino por medio de vehículos apropiados para su transporte.
La vigilancia del recinto deberá hacerse o bien mediante un puesto de vigilante las 24 horas por cada una de las instalaciones independientes destinadas a depósito o tener contratado un servicio de vigilancia con empresa externa de seguridad. No se podrán manipular ni acceder a los mismos, salvo que se cuente con autorización expresa del órgano judicial competente.
En materia de decomiso por tráfico ilícito de drogas, los vehículos intervenidos por sentencia se adjudicarán al Estado, de acuerdo con la Ley 17/2003, de 29 de mayo. En estos supuestos, la empresa adjuntará al registro copia de la resolución judicial firme por la que se acuerde la adjudicación y de aquella documentación judicial que acredite la notificación de dicha sentencia a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que determinará la fecha de fin del depósito a cargo de la Generalitat.