Obras del residencial Mar Jónica, en la zona de Les Marines de Dénia. Foto: A.S.ALICANTE. En pocas semanas, hay algo que ha quedado claro respecto a las normas urbanísticas transitorias aprobadas por el Consell para la ciudad de Dénia, que lleva sin aprobar un nuevo PGOU desde los años 70: no satisfacen a nadie. El primero, el propio Ayuntamiento que las pidió cuando el Supremo anuló el anterior planeamiento, también transitorio, de 2012. El Consistorio dianense, presidido por el socialista Vicente Grimalt, ha acudido al TSJ valenciano para presentar un contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell que aprobaba dichas normas, en diciembre pasado, tal como ha contado Alicante Plaza.
Pero no ha sido el único, al contencioso del Ayuntamiento se han sumado las denuncias de varias empresas con intereses urbanísticos en el municipio, que ven perjudicados sus derechos con las nuevas normas transitorias, e incluso varios particulares propietarios de parcelas que se ven afectadas por estas normas han acudido al Alto Tribunal valenciano para impugnar el acuerdo del Consell. Como ha contado este diario, el Consell tuvo que aprobar esta normativa después de que el Supremo anulase la anterior, ya que Dénia se quedaba sin ningún tipo de planeamiento después de que el mismo Gobierno valenciano suspendiese (a petición del Consistorio) el PGOU de nada menos que 1972 que volvía a entrar en vigor como consecuencia del fallo del tribunal.
La idea es que estas normas no estén en vigor más de cuatro años, para dar cobertura legal al urbanismo dianense mientras el Ayuntamiento saca adelante el Plan General Estructural que, en el futuro, debe dar pie al nuevo PGOU. Pero parece que, tal como sucedió con el Pativel (recurrido hasta por la Sareb), la normativa urbanística ha desatado un torrente de recursos de afectados que no lo ven con buenos ojos. Según sucesivas publicaciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), además del propio Ayuntamiento han presentado recursos contra la normativa Iberdrola Inmobiliaria, tal como adelantó Alicante Plaza, la promotora valenciana Vidalma SL, o el 'gigante' del sector Realia.
Realia, división inmobiliaria de FCC participada en su momento por Caja Madrid, tiene varios intereses en Dénia desde hace años, que primero por el caos urbanístico y luego por la crisis no ha llegado a concretar. De hecho, la firma proyectó hace años un centro comercial en la zona de Torrecremada, en la zona dotacional del sector T-1 cuya urbanización se adjudicó en 2007. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero la promotora ahora controlada por Carlos Slim mantiene sus intereses en la zona, por lo que considera que las normas transitorias pueden perjudicarla. Por el mismo motivo presentó su recurso Iberdrola, tal como explicaron fuentes de su división inmobiliaria el pasado mes de abril.
Al margen de las promotoras y el Ayuntamiento, en el DOGV se recoge en los últimos días la interposición de recursos por parte de media docena de particulares de Dénia, que también han presentado contenciosos contra el pleno del Consell. El Gobierno valenciano, por su parte, ya ha remitido al TSJ el expediente de la normativa dianense para que pueda avanzar con las actuaciones, según ha anunciado la propia Generalitat en su diario oficial.
