València. Hace unos días, y al borde de finalizar el año de plazo establecido, se hacía público el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social —dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social— con los datos de 2019, año que queda algo lejos entrados ya en 2021, pero sobre todo por un contexto de pandemia que lo ha cambiado todo. Con la información del mencionado ejercicio, el informe resalta los principales incumplimientos en el mundo empresarial en la Comunitat y la provincia de Valencia: economía irregular, trabajo no declarado y falta de prevención de riesgos laborales.
En ese sentido, en el contexto autonómico, la Comunitat lidera el ranking autonómico de infracciones por contratos bonificados, con multas por un valor de 1.670.500 de euros —en Valencia son 1.121.499 euros— y se encuentra entre las tres primeras autonomías en incumplimientos en materia de tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial, uso fraudulento en la contratación o en la afiliación y alta de personas trabajadoras por cuenta ajena en todos los regímenes, principalmente por el uso de la figura del falso autónomo.
En el análisis de la memoria de la ITSS se observa que en el año 2019 se llevaron a cabo 106.682 actuaciones en la autonomía según las actas de infracción por materia de actuación. En actas de infracción con la Seguridad Social, lidera Valencia a nivel autonómico con 1.515 actas, pero Alicante es la segunda, con 1.221 actas, lo que supone la quinta provincia de todo el país. Así mismo, Valencia registró 569 actas en lo referente a Seguridad y Salud Laboral, 376 en materia de relaciones laborales, 135 respecto a Empleo y Extranjería y 184 por obstrucción a las labores de la Inspección.
Además, en materia de Seguridad Social se han realizado en la provincia valenciana 26.635 actuaciones que han acabado en 2.193 infracciones, con un importe de expedientes liquidatorios de casi 50 millones de euros, dentro de los 95,5 millones de toda la autonomía. Además, en el desglose de la actividad realizada por la Inspección y Seguridad Social en todas las materias, se distribuye de la siguiente forma en la provincia de Valencia: 58.821 actuaciones, 5.272 infracciones más requerimientos de la administración, 13.041 requerimientos únicamente, un total de 37.935 trabajadores afectados en las infracciones en global, y un total de 17,4 millones de euros en infracciones.
Por otra parte, la provincia también registra altos números en cuestiones relacionadas con la inscripción, afiliación y alta o retrasos en el alta en la Seguridad Social. Por ejemplo, 12.111 actuaciones en la afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena de todos los regímenes, con 735 infracciones. Aplicado a las cuestiones de afiliación y alta por cuenta propia y autónomos del sector agrario y marítimo, han sido 3.823 las actuaciones y 69 las infracciones. En cómputo global por este ámbito, 16.167actuaciones y 809 infracciones.
2,8 millones de euros en multas por economía irregular
En lo referido a la economía irregular, las actuaciones realizadas por la Inspección en 2019 se produjeron en la Comunitat Valenciana 34.824 actuaciones con 3.296 infracciones por un valor de 17,3 millones. En la provincia fueron 20.125 actuaciones, 1.433 infracciones por6,3 millones. Asimismo, en Valencia hubieron 15.934 actuaciones por no dar de alta en la Seguridad Social y 804 infracciones por un importe de 2,8 millones de euros en multas.
Por otro lado, se dieron 6.967 altas. También destacan las 2.157 actuaciones por problemas en las prestaciones de Seguridad Social, con 450 infracciones y 1,7 millones de euros en materia de pago de las infracciones.
"Fraude estructural"
Ante el informe, CCOO PV denuncia que existe una bolsa de “fraude estructural” de economía sumergida y contratación que solamente se puede combatir con el aumento de personal en el cuerpo de la ITSS, que actualmente cuenta con 177 efectivos y que no se ha incrementado significativamente respecto al año anterior. "También son necesarias campañas específicas, coordinadas con todos los agentes del mundo del trabajo, para acordar medidas que atajen esas bolsas de precariedad que están repercutiendo en las condiciones de seguridad de los lugares trabajo, la formación e información en materia preventiva, la transgresión normativa del contrato de trabajo o el tiempo de trabajo".
El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral autonómico del sindicato, Daniel Patiño, lamenta el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, ya que se limita a una cuestión únicamente formal, “mediante el recurso a un mero soporte documental, carente de la integración real de la prevención en la empresa, (…) lo que a la larga incrementa los índices de siniestralidad y merma la productividad en la misma”.
