A los acreedores de Reyal Urbis se les acaba el tiempo para aceptar (o no) la oferta

MADRID (EP). Reyal Urbis afronta una semana clave para determinar si recibe el respaldo suficiente de sus bancos y acreedores para lograr superar el concurso en el que la inmobiliaria está inmersa desde 2013 y evitar su liquidación. Este miércoles concluye el plazo para que los acreedores de la compañía que controla y preside Rafael Santamaría comuniquen si aceptan o no el plan de pago de deuda planteado por la firma.

Hacienda es uno de los primeros acreedores de Reyal Urbis, dado que la empresa adeuda unos 400 millones a las arcas públicas, junto con Sareb y las principales entidades financieras. En caso de que la inmobiliaria no obtenga el suficiente respaldo de los acreedores, se vería abocada a la liquidación, en lo que constituiría la segunda desaparición de una gran inmobiliaria después de Martinsa Fadesa, de entre las que se vieron afectadas por las crisis.

Reyal Urbis soporta un endeudamiento, sólo con los bancos, de 3.572 millones de euros, y presenta un patrimonio negativo de 3.436 millones, según datos de cierre del primer trimestre de este año. El plan con el que la empresa busca garantizar su viabilidad pasa por pactar con Hacienda un plan de pago unilateral, distinto al ofertado al resto de acreedores.

A las entidades financieras, la inmobiliaria propone pagar la deuda con dación de activos inmobiliarios, una oferta que, dada la depreciación que acumulan, supone una quita.

Con la superación del concurso, Reyal busca asimismo sobreponerse a la paralización en que está inmersa desde hace cuatro años, en los que no ha levantado vivienda nueva alguna y apenas se ha dedicado a vender algún activo y a gestionar los hoteles el alquiler de la cartera de patrimonio de 123.000 metros cuadrados con que cuenta. De esta forma, a cierre de 2016, la compañía presentó 'números rojos' de 155 millones de euros, similares a los de años anteriores.

Además, el proceso concursal de Reyal Urbis se ha dilatado en el tiempo, dado que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid rechazó a finales de 2015 la propuesta de convenio que a comienzos de ese ejercicio había planteado la empresa. Tras recurrir a la Audiencia Provincial, la inmobiliaria logró que se aceptara y tramitara más de un año después, a comienzos de 2017.