MADRID (EFECOM). El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico quedó este viernes visto para sentencia en medio de la indiferencia general, pese a que afectó a cerca de 300.000 personas y se trata del mayor fraude de la historia de España, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción.
Si al comienzo del juicio, en septiembre del año pasado, todos los medios de comunicación se acercaron a las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, en la última sesión, celebrada el pasado viernes, el polígono industrial donde se ubica la sede judicial estaba desierto.
Entre acusados, testigos y peritos han desfilado más de 150 personas, acompañadas al principio por grupos de afectados que increpaban indistintamente a los acusados y al Tesoro Público, al Gobierno, al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a los que responsabilizan de la perdida de sus ahorros.
Con gran expectación mediática al principio, y la más absoluta indiferencia tras ocho meses de sesiones, los acusados se han empeñado con ahínco en demostrar que las compraventas de sellos eran legales y transparentes, que los precios que se aplicaban eran justos y que sólo la intervención judicial, hace casi doce años, en mayo de 2006, provocó un perjuicio patrimonial que la Fiscalía Anticorrupción estima en cerca de 3.000 millones de euros tras captar fondos superiores a los 11.200 millones.
Para el Ministerio Público, lo de Fórum fue "el mayor fraude de la historia de España", un "hecho insólito, incapaz de repetirse", un caso "mucho más extenso que la sociedad que le da nombre, un caso poliédrico" al que cabe aplicar la máxima de Albert Einstein de que "las cosas deben simplificarse todo lo posible, pero no más".
El principal acusado, el expresidente de Fórum Francisco Briones, que el último día pidió entre lágrimas perdón y clemencia, intentó "contextualizar" durante el juicio la catarata de documentos presentados por la Fiscalía, que aseguraba no recordar o no reconocer ni siquiera en el "contexto" que él mismo intentaba delimitar.
Desde su entrada en Fórum a instancias de su hermano a finales de los años 70, "como chico de los recados", directamente del servicio militar, hasta su ascenso a la presidencia, en 2001, Briones no contaba con formación alguna, ni financiera ni contable, más allá de la experiencia como comercial.
Esta ausencia de preparación no le impidió fijar él mismo el precio de los sellos, "trimestralmente y tras los estudios oportunos, serie por serie a partir de unos precios históricos", una valoración que no convenció, por ejemplo, a la casa de subastas Sotheby's, que se negó a tasar los sellos al considerar que estaban "sobrevalorados".
Junto con otro de los acusados, Carlos Llorca, actualmente en busca y captura y supuestamente refugiado en Isla Margarita (Venezuela) tras haberse sometido a varias operaciones de cirugía estética para no ser reconocido, Briones no se limitó a "comprar y vender sellos", como ha reiterado ante el tribunal, sino que embarcó a Fórum en numerosas inversiones.
Entre los testaferros y protagonistas secundarios del drama aparece una sociedad traspasada a dos ciudadanos austríacos, Ratko Rajic y Hildegard Grävendieck, ésta última declarada en 2002 persona "sin techo" con domicilio "en una estación de metro de Viena" y con antecedentes penales por prostitución y tráfico de drogas.
Otra operación se realizó con Luigi Protani, en ese momento ingresado en la prisión madrileña de Valdemoro por narcotráfico.
El fiscal se ratificó en su petición de sentencia condenatoria para la treintena de acusados, con las mismas peticiones de penas que expresó a finales de marzo, tras rebajar en parte las solicitudes iniciales atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo sobre Afinsa.
De este modo, rebajó de 27 a 19 años su petición de cárcel para Briones, y también modificó sus conclusiones provisionales respecto a los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá, para quienes pide 11 años y un día, frente a los 15 años anteriores.
Para todos ellos se mantiene un supuesto delito de estafa en concurso con insolvencia punible y falseamiento en las cuentas anuales, a las que se añade blanqueo de capitales para Briones, para quien se pide una multa de 60,2 millones de euros frente a los 60,4 millones del escrito provisional, y el decomiso de las cantidades blanqueadas y de las ganancias obtenidas.