El presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Es el órgano que debe velar por que la sociedad valenciana vea reflejados sus intereses en la programación y contenidos que en unos meses emitirá À Punt en sus tres plataformas: televisión, radio y web -aunque estas dos ya están a medio funcionamiento-. Este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el reglamento orgánico y de funcionamiento del Consejo de la Ciudadanía que ha elaborado el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que preside Enrique Soriano.
Un reglamento que el órgano directivo debía haber aprobado en febrero de 2017 pero que no ha visto la luz hasta 11 meses después. Es decir, la disposición adicional primera de la ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico obligaba a que el Consejo Rector realizara y aprobase en el plazo máximo de cuatro meses después de constituirse -octubre de 2016- la normativa por la que se rigiese el Consejo de la Ciudadanía.
Este Consejo, tal y como fijaba la norma aprobada en julio de 2016, debía contar con un puesto en el Consejo Rector. Lugar desde el que podría ejercer todas las funciones que le fueron atribuidas y que no son nada baladí. Informar "con carácter preventivo y no vinculante" al Consejo Rector sobre las líneas de programación; defender los intereses de la audiencia; recibir las quejas de los ciudadanos para hacerlas llegar a la Corporació; emitir un informe semestral sobre el desarrollo de programaciones y el cumplimiento del contrato programa en lo que se refiere a la calidad e impacto de las emisiones; o proponer medidas dirigidas a mejorar la calidad de la programación, son algunas de estas tareas que tiene encomendadas.
No obstante, este puesto del Consejo de la Ciudadanía en el Consejo Rector quedó vacante desde que en octubre de 2016 la candidata propuesta por el PPCV, Maite Fernández, no obtuvo los votos requeridos (tres quintos, 60 apoyos) en el pleno de Les Corts en el que se votó la composición del órgano directivo.
Tal y como contempla la norma de creación de la CVMC, el Consejo Rector debía estar conformado por diez miembros. Cada uno de los grupos parlamentarios de Les Corts cuenta con un representante en él en calidad de vocales permanentes durante seis años. Los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO e Intersindical- tienen otro representante en el órgano de forma rotatoria. Y, por otra parte, el Consejo del Audiovisual y el de la Ciudadanía debían contar con dos y un consejero, respectivamente.
Sin embargo, al no estar constituidos estos dos últimos órganos, los grupos de Les Corts se repartieron la designación de miembros de forma temporal: Mar Iglesias sería la candidata propuesta por Compromís, Raquel Piqueras por Ciudadanos, y Maite Fernández por el Partido Popular, que finalmente no obtuvo los 60 votos requeridos. El PSPV propuso al presidente del órgano Enrique Soriano y Podemos cedió la designación del miembro del Consejo de la Ciudadanía al PP, aunque este finalmente quedó encallado.
El órgano lo integrarán 13 personas durante un mandato de cinco años que deberán "ostentar la condición política de valencianas o valencianos, mayores de edad". Así, su elección será mixta y paritaria y corresponderá a distintos organismos proponer candidatos.
Dos serán elegidos por las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas en la Comunitat; uno por el Consell Valencià de Cultura (CVC); a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) le corresponderá nombrar a un miembro más; de la misma manera que le tocará al Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior.
También tendrán un miembro en este consejo las principales asociaciones del tercer sector en la Comunitat; las asociaciones del sector de la defensa de los derechos del colectivo LGTB; aquellas que trabajen en aras de la igualdad entre hombres y mujeres combatiendo la violencia de género; y el Consejo de la Juventud de la autonomía.
Los cuatro restantes le corresponderá seleccionarlos al Consejo Rector, que deberá realizar una convocatoria pública a través del DOGV. Para ello, según amplía la ley, las personas que se inscriban en este concurso deberán acreditar "su trayectoria personal y profesional" así como "su experiencia en trabajo colaborativo en los diferentes campos de la actuación social, y poseer un entendimiento claro de lo que representa el servicio público de radiotelevisión".
