Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). À Punt está demandada en 23 litigios en los que se le reclama el pago de trienios a trabajadores y que a juicio de la dirección de la cadena es probable que prosperen, por lo que se ha establecido una provisión de 169.744 euros para darles cobertura.
Así lo refleja el informe de auditoría financiera elaborado por la Sindicatura de Comptes de 2021, en el que el órgano fiscalizador señala como salvedad que no ha obtenido información suficiente que le permita determinar si À Punt debiera haber registrado una provisión adicional para la adecuada cobertura contable de esos litigios.
La cadena tiene abiertos además otros cinco pleitos, si bien la dirección cree poco probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales contra la sociedad, mientras que en marzo se celebró un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje Laboral a petición de UGT, en el que no hubo acuerdo, por la situación de 310 trabajadores.
Se trata de trabajadores con una antigüedad superior a tres años en su puesto de trabajo, sobre los que se pide que se les reconozca la condición de fijo, y subsidiariamente la de indefinido no fijo, según recoge en informe de la Sindicatura consultado por EFE.
La auditoría refleja que la relación de puestos de trabajo (470 más 5 de alta dirección) de la cadena está cubierta en su totalidad, y que a excepción de los puestos directivos todo el personal se ha contratado de forma provisional mediante bolsas de trabajo temporal. De esos 470 puestos, 411 (el 87,5 %) se han cubierto con personal de la antigua RTVV.
La Sindicatura ha detectado "incumplimientos significativos" en materia de contratación, relacionados con la valoración del criterio de precio, la estimación del presupuesto base de licitación y el examen de la comisión de estudio y valoración de proyectos.
Así, señala que hay contratos en los que la fórmula utilizada para valorar el criterio precio da puntos a las ofertas sin baja; en los que no consta documentación acreditativa de que el órgano de contratación haya estimado correctamente el presupuesto base de licitación; o en los que no hay evidencia de las negociaciones previas que se han llevado a cabo entre la cadena y las productoras para programas.
Por ello, recomienda que la normativa interna de la cadena debería contemplar una tramitación para el estudio, valoración y aprobación de renovación de programas de contenidos, y que la persona encargada de la producción ejecutiva emita un informe sobre la ejecución y finalización de dichos contratos.
Durante 2021 se formalizaron 200 contratos para la adquisición de contenidos por importe de 20 millones de euros, según el informe.
La auditoría cifra en 25'4 millones de euros la provisión para el pago del IVA de los ejercicios de 2016 a 2021, según los acuerdos alcanzados con la Agencia Tributaria, y que según la ley de presupuestos de la Generalitat para 2022 debe asumir la Administración autonómica.
Otros datos que refleja el informe son que las transferencias de capital de la Generalitat a la cadena pública suman 305,9 millones de euros entre 2016 y 2021, y que À Punt presentaba a 31 de diciembre de 2021 un patrimonio neto negativo de 32.038.880 euros (-19.433.513 euros en 2020), como consecuencia de las pérdidas del ejercicio.
La Sindicatura también ha elaborado la auditoría financiera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) de 2021, en la que recuerda que el contrato programa 2018-2020 finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2020 y aún no se ha suscrito uno nuevo.
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