El abogado de Císcar admite que estuvo en "todas las reuniones" del pacto entre la Fiscalía y Blasco

VALÈNCIA. El abogado de Consuelo Ciscar en el caso IVAM, Juan Molpeceres, admite su participación directa en "todas las reuniones" que se han producido entre la Fiscalía Anticorrupción y Rafael Blasco previas al acuerdo de conformidad según el cual el cual, a cambio de su confesión, el fiscal pediría una pena para el exconseller de dos años y medio de cárcel, muy por debajo de los dieciséis años de prisión que reclamó en su escrito de acusación.

Además de defender a la exdirectora del IVAM en la causa en la que ella y su hijo, entre otros, están imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, Molpeceres es el letrado contratado por Rafael Blasco para los asuntos penitenciarios. El exconseller de Cooperación lleva tres años en la cárcel cumpliendo condena por la primera pieza del caso, por la que fue condenado a seis años y medio.

Juan Molpeceres ha solicitado en varias ocasiones el paso al tercer grado de Rafael Blasco, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se lo ha denegado en reiteradas ocasiones. La última fue el pasado 7 de junio, con un auto en el que la Sala de lo Civil y Penal incidía en el "riesgo medio-alto de reincidencia" de Blasco para justificar su negativa.

Tal y como publicó Valencia Plaza este miércoles, pocos días después de ese auto, Molpeceres se reunió con el abogado de Blasco, el penalista Javier Boix, y el Fiscal Anticorrupción Vicente Torres para cerrar el acuerdo de conformidad con Blasco que incluye a los otros 23 procesados por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. El pacto contempla, como publicó este diario el pasado viernes, facilitar el paso de Rafael Blasco a permisos penitenciarios por la condena de la primera pieza.

Resulta especialmente llamativo que Molpeceres admita haber participado en esta y otras reuniones entre el abogado de Blasco y la Fiscalía Anticorrupción cuando su nexo con el exconseller se circunscribe a las cuestiones penitenciarias de una pieza diferente, por la que ya está juzgado y condenado.

Preguntado por Valencia Plaza sobre por qué motivo ha estado presente en varias reuniones si él no está directamente implicado en la materia de la negociación –la admisión de los delitos de los procesados en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación–, el letrado aseguró: "Es evidente por qué estaba en esa reunión".

Al respecto, a la pregunta de si es falso que el pacto entre Anticorrupción y Rafael Blasco incluya ofrecer facilidades al exconseller para acceder a permisos para salir de la cárcel, el abogado de Blasco para temas penitenciarios respondió: "No sé si es falso".

"En este caso hay muy pocas cosas normales"

El letrado tampoco aclaró a este periódico si es "normal" que en las reuniones con la Fiscalía para llegar a acuerdos de conformidad estén presentes representantes legales de personas distintas a las procesadas en la causa objeto de negociación. "En este caso hay muy pocas cosas normales", dijo.

Previamente, Molpeceres había remitido un escrito a este diario para negar acuerdo entre la Fiscalía y Blasco incluya la retirada de la acusación contra su defendida en el caso IVAM. En este escrito, en el que solicitaba, una "rectificación de la noticia", el letrado de Consuelo Ciscar asegura que "la publicación de informaciones falsas como esta afectan gravemente a las personas que están siendo investigadas, así como pueden llegar a truncar las negociaciones que sí que se estén llevando a cabo".

Este periódico recogió el escrito remitido por Juan Molpeceres, así como otro remitido por la Fiscal Portavoz de Valencia, Susana Gisbert, sobre la misma noticia.

El acuerdo entre la Fiscalía y los 24 procesados por las piezas dos y tres, en las que se investiga el fraude en las subvenciones a ONG y las irregularidades en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a edificarse, contempla rebajas sustanciales en las penas, de manera que solo Rafael Blasco, el empresario César Augusto Tauroni y el exjefe de Cooperación, Marc Llinares, serían condenados a más de tres años, mientras que el resto se librarían de la prisión.

Como contrapartida, la Fiscalía ha aceptado la promesa de venta de varios bienes de los principales imputados que se encuentran actualmente embargados, por lo que no se produciría reparación alguna del daño económico causado al no reembolsar a las arcas públicas ni un solo euro de los más de 4 millones de euros de responsabilidad civil que reclamaron las acusaciones.

La Coordinadora Valenciana de ONG, que ejerce la acusación particular junto a la Abogacía de la Generalitat, considera que este acuerdo es "inaceptable" e insta a la Generalitat a no sumarse al mismo. La Abogacía de la Generalitat, por su parte, está estudiando si se suma a la conformidad acordada por la Fiscalía, lo que dejaría a la Coordinadora Valenciana de ONGD sola en la acusación contra el exconseller y los otros 23 procesados en las piezas 2 y 3 del caso. Si las ONGD la mantienen, el juicio habría de celebrarse igualmente.

Según confirmaron las partes a Valencia Plaza, este lunes se celebró el encuentro con la Abogacía de la Generalitat que la Coordinadora reclamó la semana pasada tras enterarse del pacto con la Fiscalía y calificarlo de "inaceptable". La Coordinadora ha pedido a la Generalitat que no la deje sola como acusación contra los 24 procesados, que solamente pueden librarse del juicio si se retiran todas las acusaciones.

La Abogacía de la Generalitat se inclina por no sumarse al acuerdo "de momento" al no estar garantizada la recuperación del dinero de la responsabilidad civil –más de 8 millones de ruso–, pero la posibilidad de un pacto que evitaría el juicio está "en estudio", según un portavoz del Consell.