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Abren juicio oral contra el expresidente provincial del pP y otras siete personas

Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Rus por el amaño del 'call center' de la Diputación

Foto: EUROPA PRESS
26/05/2021 - 

VALÈNCIA. La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Alfonso Rus y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ para la empresa pública Imelsa.

La resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa la Audiencia Provincial de Valencia.

A Rus se le considera presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La Fiscalia Anticorrupción también ha presentado su escrito de acusación en esta pieza separada, en el que solicita 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent y 13 años para el exsuegro de este último, Mariano López, y para el que fuera administrador de Servimun, Fernando Palomares. El funcionario de la Diputación de Valencia y responsable del contrato presuntamente amañado del centro de atención telefónica, Salvador Deusa, también se enfrenta a seis años de prisión.

En el caso del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado.

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.

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