VALÈNCIA (EFE). La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a la exdirectora gerente del instituto valenciano de conservación (antes Ivacor), Carmen Pérez, y la exjefa de Obra Gráfica, Gemma Contreras, de los delitos de fraude y prevaricación en la restauración de libros antiguos.
La Fiscalía reclamaba penas de cinco años de prisión, nueve de inhabilitación absoluta y otros nueve de inhabilitación para cargo público al sostener que los referidos libros fueron restaurados en el Ivacor, con herramientas y medios propios y por parte de dos restauradoras del Instituto, pero la facturación se realizó a una empresa particular constituida a instancia de las procesadas para eludir los procedimientos administrativos.
Por el contrario, el tribunal ha concluido en su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que el Ivacor efectuó una labor de diagnosis y supervisión de los referidos libros pero "no cobraba" por ello, "sin que se practicara prueba que permita sostener lo contrario".
"Por todo ello, no cabe apreciar en el uso de medios materiales de Ivacor -cuyo importe, en todo caso, no ha sido evaluado, y que, conforme a la prueba practicada, pudiera ser de una relevancia económica que pudiera ser inferior a los cincuenta céntimos de euro por página restaurada de cada uno de los diez libros que Ivacor no facturó-, un uso ajeno a la función pública", añade la sentencia.
Por ello, tampoco se aprecia "que los hechos acreditados a través de la prueba practicada sean constitutivos de delito de malversación, ni en la modalidad de sustracción de caudales públicos, ni en la de aplicación de efectos públicos a fines ajenos a la función pública".
En consecuencia, se ha dictado la libre absolución de ambas acusadas, y se declaran de oficio las costas procesales.
Según detalló la Fiscalía Provincial de Valencia en su escrito de acusación, entre 2011 y 2013, un economista y auditor solicitó la restauración de doce libros antiguos de su colección particular "con un valor considerable" al Ivacor, cuando Carmen Pérez era su directora gerente y Gemma María Contreras era la jefa de Obra Gráfica y Material.
El Ministerio Público consideró que ambas procesadas "eludieron el procedimiento administrativo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público" para favorecer al contratante, un extremo que no ha considerado probado el tribunal, que en consecuencia ha dictado la libre absolución.
La Fiscalía calcula que el perjuicio económico ocasionado al Instituto público por estos hechos fue de 12.630 euros y pedirá 14 años de cárcel para cada una de las procesadas en el juicio programado para el martes en la Sección Segunda
