VALÈNCIA. Acció Ecologista-Agró ha asegurado este martes que reabrir el edificio del antiguo Sidi Saler con una actividad hotelera nueva "supondría unas molestias acústicas, lumínicas y de tráfico que generarían un cambio sustancial para el parque natural" de la Devesa-Albufera situado en este entorno "y para los vecinos" de la zona.
"Estos datos no se han dado a conocer al vecindario, que debe tenerlos en cuenta para formar opinión", ha indicado el colectivo en un comunicado. Así ha añadido que la propiedad del inmueble "quiere ocultar las molestias que puede originar" un nuevo establecimiento hotelero.
AE-Agró ha señalado que "el proyecto de rehabilitación del Sidi Saler está diseñado para poder recibir hasta a 3.664 personas". Ha precisado que de estas "824 serían huéspedes" y que el resto quedaría incluido "dentro de los tres salones de banquetes previstos, tres restaurantes y tantos otros bares y cafeterías".
La organización ecologista ha denunciado también que la propiedad del inmueble "está utilizando a los okupas" que acceden a él "para justificar la pervivencia del hotel". En este sentido, ha manifestado que "la existencia de okupas y las noticias reiteradas sobre estos, no son casualidad sino que responden a una estrategia premeditada con mucho tiempo de antelación por la propiedad del hotel Sidi Saler".
Acció Ecologista Agró ha considerado que esta es "una pésima táctica con la que se estaría intentando condicionar a la justicia, al Ayuntamiento y a la opinión pública para que se autorice la reapertura del hotel Sidi Saler".
"De tan lejos viene esto que, ya en 2019, la propiedad del hotel Sidi Saler, advertía que un hotel abandonado, del que además se relaja o retira la vigilancia, puede llenarse de okupas", ha expuesto el colectivo, que ha indicado que se dejaba "constancia de tales afirmaciones por escrito en el proyecto para la obtención de la licencia de obras de adecuación" del establecimiento.
Así, ha apuntado que se "decía literalmente" que "el hotel existe y su abandono no es la opción de menor impacto" y que "si no se puede reactivar la actividad del edificio los actuales promotores de su regeneración estarían abocados a abandonar el mismo", además de exponer que "abandonado por la actual propiedad el servicio de seguridad y de jardinería, se convertiría en un foco de problemas (vandalización y ocupación ilegal)" que ofrecería "una tarjeta de presentación en primera línea de playa no deseable".
Igualmente, se afirmaba, según ha señalado AE-Agró, que "también constituiría un peligro incluso para el propio parque" con "jardinería abandonada" y "materiales combustibles almacenados en los sótanos (pinturas y, posiblemente, combustibles) en un edificio okupado, con riesgo para los okupas y personas que pudieran acercarse por los desprendimientos de revestimientos de fachadas y desprendimientos interiores como consecuencia de la previsible vandalización".
Igualmente, ha apuntado que se habla "del coste económico" que tendría "la demolición" del edificio si finalmente se llevara a cabo, así como el "alto coste medioambiental" porque "generaría más de 32.000 toneladas de basura".
La organización ecologista ha añadido que "sospechosamente, en el momento en que dos procedimientos están pendientes de dictar sentencia, después de cinco años de esta advertencia y a pesar de que el hotel sí cuenta con vigilancia, han entrado okupas y continúan entrando sin que se hayan puesto medidas para evitarlo".
Las ecologistas señalan que "si se hubiera querido impedir la entrada de okupas, se hubiera podido hacer de una manera fácil y económica" y "sin la necesidad siquiera de realizar obras" porque "simplemente habría bastado con tapiar las puertas de las terrazas con planchas metálicas". También ha apuntado que "se podría haber dificultado más el acceso vallando las terrazas de los primeros pisos, que son los lugares por donde entran".
"Todo este cúmulo de factores, nos lleva a concluir que la propiedad, como mínimo, está tolerando o promoviendo el fake de la okupación alimentado en los últimos años para condicionar a los poderes públicos y dar rienda suelta a los procesos especuladores de la vivienda y el suelo", ha añadido AE-Agró.
Tras ello, ha manifestado que "esta actuación es rechazable, tanto por lo que supone dicha presión o coacción, como por generar un clima de rechazo y desprecio hacia los okupas" y ha anunciado que ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de València por la actuación de la propiedad del inmueble.
El colectivo ha asegurado que el comportamiento de las mercantiles "es malicioso" y que "está derivando en la expansión de discursos de odio que, sin duda, ponen en peligro a las personas que presuntamente okupan el edificio". "Si un día sucede una desgracia, alguien debería responder por ella", ha remarcado.
Acció Ecologista Agró ha agregado que ha pedido "la intervención de los servicios sociales para atender la problemática de las personas que puedan pernoctar allí" y que "se dé traslado a la Policía Local para investigar los hechos" por "si pudiera existir algún tipo de infracción por parte de la propiedad del inmueble".