Figuración de cómo será el nuevo edificio. Fuente: AEATUna unión temporal de empresas (UTE) formada por el grupo Acciona -a través de Acciona Construcción y Acciona Industrial-, la valenciana Torrescamara y la firma alicantina Gestaser construirán la nueva sede en València de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que les ha adjudicado el concurso por 72,95 millones de euros (IVA incluido). El precio de licitación era de 90 millones. El plazo de ejecución es de 48 meses.
La UTE ganadora presentó la mejor oferta económica, solo superada por Sacyr, que fue excluida por no justificar haber quedado por debajo del "umbral de temeridad" establecido según una fórmula matemática. Al concurso se habían presentado 13 ofertas, individuales o en UTE, en las que estaban prácticamente todas las grandes constructoras españolas y valencianas.
El edificio se levantará en el número 23 la calle Luis García Berlanga-Martí, en un solar ubicado a las espaldas del centro comercial Aqua Multiespacio. Según el proyecto, la superficie de la parcela es de 6.860 metros cuadrados, mientras que la ocupación del edificio será de 6.758 metros cuadrados.
El nuevo edificio, que ocupará la totalidad del solar, consta de tres sótanos y dos cuerpos; uno en la fachada sur con nueve plantas sobre rasante y otro al norte con siete plantas también sobre rasante. "La necesidad de afrontar esta nueva construcción se fundamenta en las carencias actuales del parque inmobiliario del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la ciudad, ya que prácticamente la totalidad de instalaciones ocupadas lo son en régimen de arrendamiento", señala la memoria justificativa.
La Agencia Tributaria reside de alquiler en València desde que su sede de Guillem de Castro sufrió una serie de derrumbes en el inmueble que obligaron a desalojar parte del mismo. Fue entonces necesario alquilar un edificio completo en la calle Pascual i Genís, donde se trasladaron 50 trabajadores. La situación se agravaría en julio con un nuevo desprendimiento, en este caso de mayor gravedad. Con la práctica totalidad del inmueble se encontraba con redes de seguridad, la entidad tomó entonces la decisión de trasladar a los empleados que quedaban en Guillem de Castro, un total de 250.
"Desde el desalojo de la antigua sede, el parque inmobiliario de la AEAT en Valencia se caracteriza por la dispersión, al ubicarse las diferentes unidades de la Delegación de la AEAT en varios inmuebles en régimen de arrendamiento", apuntan. A día de hoy, la agencia tiene disperso a su personal en la provincia en casi una decena de espacios, tanto de la AEAT como la delegación de Economía y Hacienda.
Fue en junio de 2023 cuando el Ayuntamiento de València concedía la licencia de obra para la construcción del edificio tras años en pausa. El espacio, en el que habrá capacidad para alrededor de 1.500 personas. El presente contrato pretende reagrupar de nuevo todos los servicios dispersos de ambas delegaciones de Valencia en un nuevo edificio, asegurándose así su correcto funcionamiento. Tan solo queda fuera del presente proyecto la Dependencia Regional de Aduanas, que se encuentra instalada en el complejo de la Aduana Marítima de Valencia, en el interior del recinto portuario, actualmente en rehabilitación.
La parcela en la que se ha proyectado el complejo es propiedad del Ayuntamiento de Valencia, si bien fue cedida hace años al Ministerio de Hacienda para construir en el lugar la nueva sede de la agencia tributaria, un proyecto que quedó aparcado hasta 2016, cuando su sede en Guillem de Castro sufrió derrumbes. En el nuevo espacio se prestarán servicios como el catastro, Intervención o el tribunal económico administrativo regional de Valencia. Un edificio que tendrá un total de 9 plantas y más de 50.000 metros cuadrados.
La ejecución de esta obra permitirá un ahorro anual en el coste de arrendamientos por importe de 4,3 millones de euros para la AEAT y de 618.860 euros para el Ministerio de Sanidad y Función Pública. Por tanto, la construcción del nuevo inmueble supondrá un ahorro anual en arrendamientos de 4,9 millones de euros, según explican desde el Gobierno.
