VALÈNCIA (EFECOM). Acreedores del Reino de España afectados por el impago de las indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las renovables han enviado al Gobierno español una notificación prejudicial, que alerta de la "próxima puesta en marcha de un procedimiento de 'default' técnico".
Encabezados por el fondo Blasket Renewable Investments, así lo han decidido en relación con un bono de deuda valorado en 237 millones de euros (unos 200 millones de libras esterlinas), según fuentes jurídicas, que aclaran que la notificación "sirve como antesala" para un procedimiento de ejecución legal que echará a andar "este mismo verano" ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de 'default' o impago técnico, "España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato", apuntan.
En opinión de los acreedores, el incumplimiento "reiterado" de los laudos que condenan a España a pagar "más de 1.560 millones por la retirada retroactiva de las primas renovables" dan pie a un escenario supuestamente contemplado en la emisión de dicho título de deuda.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por EFE insisten en que "no hay correlación" entre el resultado de los laudos y la pretendida ejecución por parte de Blasket sobre la deuda pública.
Los acreedores defienden que cuando España emitió el título de deuda que quedará sujeto al procedimiento, incluyó una cláusula que estipula que "el impago por parte del emisor del principal o los intereses de cualquier deuda activaría un escenario susceptible de activar una cláusula de incumplimiento cruzado".
En virtud de ésta, conocida como 'cross default', "se puede reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono en cuestión, que vence en 2029", prosiguen.
Los fondos recalcan que "existen otros tres títulos de deuda denominados en dólares, yenes y euros, cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros y cuyo articulado recoge una cláusula idéntica".
Por tanto, entienden que España "se expone" al pago anticipado de cuatro bonos del Tesoro valorados en 800 millones de euros.
Por su parte, el Gobierno español asevera que, en ningún caso, puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de 'default', "como Blasket viene argumentando desde hace un año con el envío de cartas miméticas".
Desde Economía recuerdan que la estrategia de buscar la declaración de 'default' "no es nueva y no ha tenido ningún impacto".
"El Reino de España se defenderá con las medidas oportunas, como hasta ahora, con notable éxito", insisten.
En abril de 2023 trascendió que la firma estadounidense Blasket Renewable Investments había activado una cláusula que declaraba a España en "impago técnico", después de que el Ejecutivo siguiera sin abonar los laudos pendientes por los recortes a las primas a las energías renovables.
La cláusula activada por el fondo con sede en Delaware (EE.UU.), suponía, en concreto, que cuatro emisiones de deuda pública por valor de 910 millones de euros debían ser reembolsadas inmediatamente a los acreedores, junto con los intereses correspondientes.
Fuentes del entonces Ministerio de Asuntos Económicos avanzaron que la decisión de Blasket tendría respuesta en el "ámbito adecuado", así como que la posición de España estaba "muy bien asentada" y que el conflicto no tenía nada que ver con la deuda del Estado.
En los últimos tiempos, se han reconocido algunas pretensiones de acreedores que han reclamado ciertas medidas de compensación por los impagos.
De este modo, el pasado noviembre se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales había autorizado a ejecutar el embargo de cuatro cuentas del Instituto Cervantes en el Reino Unido por un laudo condenatorio contra España.
A tenor de un portavoz de los receptores del laudo -precisamente, Blasket-, el saldo acumulado en esas cuentas que fue intervenido ascendía a 699.000 libras (unos 806.000 euros).
Más recientemente, el Tribunal de Apelación de Bélgica ha autorizado el embargo de 32 millones de euros en ingresos de España a través de Enaire, la agencia estatal de navegación aérea.
Además, este mismo fin de semana se publicaba que la Justicia británica había dado el visto bueno al embargo cautelar que afecta al 26 % del derecho de usufructo que el gestor aeroportuario español Aena posee sobre la operativa del aeropuerto de Luton, a petición de otra estadounidense, NextEra.
El problema se remonta a los laudos en inversiones en renovables provocados por las medidas adoptadas en 2012 y 2013 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, que motivaron demandas millonarias en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial.
Las iniciativas del Ejecutivo del PP redujeron las primas a las renovables que había puesto en marcha el Ejecutivo anterior, dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que a su vez también había recortado.
De hecho, en 2013 y a fin de atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, se aprobó una reforma legislativa que hizo caer la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje para denunciar a España.
Después de los años, el Estado ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales. Conforme a las estimaciones del Ministerio de Economía, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden a una cantidad muy inferior, unos 1.500 millones.