19/10/18. No hay política sin presupuesto. Los presupuestos son la máxima expresión de la voluntad política. Todo lo que no está dibujado en ellos no existe. O dicho de otro modo: donde no hay consignación presupuestaria no hay derechos garantizados; donde no hay recursos no hay verdadera lucha por la igualdad ni contra la precariedad, la pobreza y la exclusión. Es en los presupuestos donde se visualizan las prioridades políticas y también los olvidos.
En estos próximos meses tendrá lugar en Corts Valencianes el debate presupuestario. Es, sin lugar a dudas, el tiempo parlamentario más importante para la ciudadanía valenciana, aquél en el que los partidos se juegan gran parte de su credibilidad. Estos serán los últimos presupuestos de una legislatura, la novena, marcada indiscutiblemente por el Acuerdo del Botánico. Un acuerdo que ha resultado ser un espacio estable de construcción entre Podem, Compromís y PSPV, pese a los malos augurios del Partido Popular. Un espacio, el botánico, desde el que se han gestado verdaderas políticas de progreso en favor de la ciudadanía. Unas políticas que se han visto, y se ven, implementadas a fuerza de acuerdo y también, a golpe de servirnos de las diferencias políticas existentes entre nosotros, que las hay, para profundizar los cambios, para ir más allá, todo lo lejos que sea posible. Todo un ejercicio constante y consciente de responsabilidad política.
En estos tiempos no cabe relajarse ni conformarse cuando somos conscientes, gracias a un reciente informe de la European Anti Poverty Network (EAPN), que 1,5 millones de personas residentes en la Comunitat valenciana (el 31% de la población) vive al límite de la pobreza y de la exclusión, que sigue teniendo rostro de mujer y de familias monoparentales y también de nuestros mayores pensionistas. No cabe bajar los brazos cuando sabemos que la tasa de riesgo se ha elevado 0'8 décimas en 2017, pese a que había iniciado un significativo descenso en los dos años anteriores hasta más de 4 puntos; y menos cabe hacerlo cuando estamos por encima de la media estatal a 4,7 puntos porcentuales. Es cierto que se avanza en los datos macroeconómicos y en la agenda social, pero también lo es que queda mucho por hacer.
Los avances en igualdad y justicia social en la Comunitat Valenciana en temas cruciales como la eliminación del copago farmacéutico, el pago de ayudas a la dependencia, la renta de inclusión o una reforma fiscal más progresiva, son importantes y eran necesarios, pero no son suficientes. Hacen falta más recursos, porque la población con ingresos inferiores a los 5.546 euros anuales ha aumentado en nuestro territorio un 1,1% en 2017 y casi medio millón de personas ingresan en nuestro territorio menos de 355 euros mensuales. La falta de empleo, la calidad y la estabilidad del mismo, la inserción social y la lucha contra la economía sumergida son los grandes retos de éste y de cualquier gobierno valenciano. Hacen falta políticas de empleo digno, más que imágenes renovadas. Sólo las políticas certeras generan confianza en la ciudadanía.
En otro lugar de representación de la ciudadanía, en el Congreso de los Diputados en Madrid, se debatirán los Presupuestos Generales del Estado, en los que las valencianas y valencianos también nos jugamos mucho. La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas marca que el Gobierno del Estado vele con sus presupuestos por el cumplimiento efectivo de no pocos de nuestros derechos. Estos días Unidos Podemos y el gobierno del PSOE alcanzaban un acuerdo importante, histórico, tras décadas de recortes, privatización y expolio de lo público por parte del Partido Popular. Una marcada agenda social también está presente en ellos traducida en partidas destinadas a alquiler social de viviendas, aumento de los salarios y reducción de la precariedad, pago de las ayudas de la dependencia, eliminación del copago farmacéutico, revalorización de las pensiones con el IPC, entre otros muchos temas que requerían de inversión pública. Veremos si esta agenda es compartida por otras formaciones políticas invitadas a sumarse. Veremos si la ciudadanía y la efectividad de sus derechos están verdaderamente o no en las agendas de todos los partidos. Veremos si la aprobación de los presupuestos sigue siendo moneda de cambio para conseguir, antes que nada o que todo, intereses partidistas.
Pase lo que pase, las valencianas y valencianos tendremos que seguir luchando para que el gobierno de España nos saque por justicia del vagón de cola en el que seguimos, apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica, reconozca nuestra deuda histórica, y también, al tiempo y no como moneda de cambio, realice todas las inversiones más que necesarias en nuestro territorio. Cansados de promesas y de gestos, de estudios de expertos, de comisiones y subcomisiones, de reuniones donde se habla más y de lo mismo. Hace falta voluntad política. Hace falta pensar en la ciudadanía y en el sostenimiento de su bienestar.
En definitiva, los acuerdos políticos, sobre todo los presupuestarios, han de ser buenos, no para los partidos aunque éstos sean de izquierdas, sino para la ciudadanía. Ésta tiene la obligación de tutelar de cerca los presupuestos desde el momento mismo en que son gestados y hasta que se aprueben y, aún más, se ejecuten. La ejecución presupuestaria y sus tiempos también hablan de la eficacia y eficiencia de la Administración pública valenciana. Es necesaria una ciudadanía organizada, movilizada y vigilante que recuerde a cada paso dubitativo de los partidos políticos, a todos sin excepción, los compromisos adquiridos en campaña electoral, en los programas y en la palabra dada como representantes públicos. Son tiempos de firmeza en la defensa de la dignidad consignada en las partidas presupuestarias de cualquier gobierno.
Fabiola Meco es diputada y portavoz adjunta de Podemos en Les Corts