Los presidentes autonómicos participantes en la pasada ‘Cumbre de Santiago'. Foto: Álvaro Ballesteros (EP)VALÈNCIA. El interminable guión para la reforma de la financiación autonómica suma un nuevo e inesperado giro: el adelanto electoral en Castilla y León. Aunque es complicado calibrar hasta qué punto la celebración de esos comicios en febrero puede perjudicar a los intereses particulares de la Comunitat Valenciana, es prácticamente inevitable que el calendario previsto para la reforma de la financiación autonómica se vea alterado precisamente ahora que se completan los primeros hitos.
Existen varias razones que conducen a esa conclusión. La principal es que, tal y como se ha demostrado durante los años de retraso que acumula esa reforma, las campañas electorales autonómicas o generales son de facto incompatibles con un proceso que requiere poner de acuerdo a gobiernos de diferente signo político de diferentes comunidades autónomas y de una mayoría cualificada en el Congreso.
Castilla y León, una de las ocho regiones aliadas para defender los intereses de la España vaciada en la reforma de la financiación, traerá la primera campaña electoral de 2022, ha sido la primera, pero probablemente no sea la única. Andalucía, la única comunidad autónoma en la que se mantiene un gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos tras la ruptura de la coalición castellanoleonesa, tampoco agotará la legislatura y celebrará elecciones en junio u octubre, tal y como confirmó este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla.
Aunque los dos socios andaluces insisten en que alargarán la legislatura al máximo, cabe recordar que no hace ni un mes que se desveló una grabación en la que Juan Marín admitía que apoyar los presupuestos autonómicos el próximo año perjudicaba sus intereses electorales, lo que invita a pensar en un largo clima preelectoral en una comunidad donde PSOE peleará por recuperar un gobierno que ha ocupado durante más de cuatro décadas.
Ese clima se extenderá inevitablemente a todas las CCAA a la vuelta del próximo verano, cuando se pondrá en marcha la cuenta atrás con vistas a las autonómicas y municipales de mayo de 2023, un año eminentemente electoral porque también deben celebrarse no mucho más allá del principio de 2024.
En paralelo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un "esqueleto" para la reforma de la financiación autonómica que señala a la población ajustada como principal criterio de reparto, pero calculada con unos criterios que, según su propuesta inicial, reduce las necesidades de gasto de la Comunitat Valenciana para beneficiar precisamente a las siete comunidades autónomas más pequeñas.
Las CCAA tienen hasta el próximo mes de enero para presentar sus alegaciones a la metodología propuesta para el cálculo de la población ajustada, durante las semanas previas a la celebración de las elecciones en Castilla y León y a falta de saber qué sucede en Andalucía.
Castilla y León es precisamente una de las comunidades que aspira a que la financiación de las comunidades tenga en cuenta otros elementos como superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento al ser factores que condicionan el coste real de los servicios. Enfrente, la Comunitat Valenciana, Andalucía o Murcia pretenden que estos criterios pierdan peso en el futuro sistema para que el cálculo de la población ajustada se ajuste al máximo a la población real.
Así las cosas, cabe preguntarse hasta qué punto ese proceso de alegaciones se traducirá en una propuesta concreta del Ministerio de Hacienda que, tal y como ha anunciado la ministra, no satisfará por completo a ninguna CCAA. A la vista de la estrategia seguida en los últimos meses, es altamente improbable que la ministra Montero ponga sobre la mesa una propuesta que pueda ser utilizada como munición electoral contra el PSOE en las campañas autonómicas.
La hipótesis del alargamiento de los plazos para plantear la propuesta de reforma gana por lo tanto enteros en el escenario de elecciones autonómicas. El problema para la Comunitat Valenciana es que, si 2022 se consolida como un año poco propicio para culminar la reforma del modelo de financiación y 2023 ya se da por imposible por ser año electoral, la actual situación de infrafinanciación podría prolongarse otros tres años más.
Y todo ello sin perder de vista que durante los próximos meses pueden consolidarse alternativas electorales como el incipiente partido España Vaciada, un hecho que en el intercambio de apoyos entre partidos tanto en los gobiernos autonómicos como en el Congreso puede dejar una vez más a la Comunitat Valenciana en fuera de juego.
