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políticos al habla / OPINIÓN

Adiós al silencio

9/11/2018 - 

VALÈNCIA. Hace doce años, un 3 de julio de 2006, el reloj se paraba para siempre pasadas las 13 horas para 43 personas; para otras 47 marcaba secuelas físicas que tardarían demasiado en curar y que aún hoy perduran en algunas de ellas. Los daños psicológicos y emocionales derivados de aquel accidente de metro en València, el más grave de toda España, no habrá tiempo capaz de curarlos para esas víctimas y sus familias. Han aprendido a vivir con ellos, porque no queda otro remedio.

Cualquiera que conozca a estas familias, algunas vecinas y amigas de mi barrio Patraix, sabe lo que es la dignidad personificada. Esa nobleza con la que desde los primeros momentos tejieron una red impecable de afectos y cuidados; esa decencia desde la que articularon un movimiento ciudadano, en principio sólo con las propias víctimas del accidente y sus familiares, para exigir respuestas y generar conciencia ciudadana. Esa honestidad en la firmeza con la que nos han marcado de por vida por su tenaz integridad, con su perenne presencia en la calle negándose al olvido, exigiendo justicia y reparación; defendiendo una lucha que -bien pronto- aprendimos a saber que era también la nuestra.

Querían algo tan revolucionario como que respondieran los políticos del gobierno valenciano del Partido Popular en aquel entonces, y los dirigentes de la empresa FGV puestos por ellos. Querían saber, tener información sobre las medidas que debieron adoptar y no tomaron, sobre las inversiones en seguridad en el transporte público valenciano que debieron realizar y no hicieron, sobre los riesgos que debieron prever y no atendieron a pesar del bajo coste económico. Querían que respondieran por todas las muertes y el sufrimiento que les causaron, que pudo ser más, porque a las 24 horas del accidente esa línea 1 de metro seguía circulando por las mismas vías como si nada hubiera pasado.

La agenda era otra para los populares. El Papa venía a València y nada, absolutamente nada, debía recordar la tragedia. El gobierno del PP lo tenía claro: había negocio en la visita del Pontífice, hoy ese caso también está judicializado. La estrategia era clara: silencio.

Francisco Camps y el Papa Benedicto XVI, en València. Foto: EFE

Esas familias y víctimas sólo querían que los responsables les pidieran perdón por lo mal hecho, les aseguraran que no volvería a pasar nada igual y les garantizaran que adoptarían todas las medidas necesarias para que nadie volviera a vivir su calvario. No pedían mucho, tan sólo lo justo. Pero enfrente tenían a un gobierno indolente, a un "Molt honorable" Francisco Camps atrincherado para no recibirles pese a ser, como era, President de la Generalitat. No imaginaban que serían capaces de verlos enrocarse en las instituciones, que desde ese momento dejarían de ser representativas de todos para ser sólo un lugar seguro para representantes indignos.

No imaginaban que la respuesta sería enviarles emisarios como Juan Cotino, entonces Conseller de Agricultura, a entregarles tarjetas de visita en los tanatorios donde velaban a sus familiares o en el propio instituto de medicina legal donde esperaban reconocer los cadáveres o hacerles llamadas a sus hogares por encargo. Un nuncio, Cotino, capaz de personarse en casas de familiares con víctimas mortales con la desfachatez de poner precio a su silencio (judicial) con la chequera en una mano, mientras con la otra hacía ofertas de trabajo en la Administración pública valenciana, cual de un cortijo particular se tratara. Nada tenía que declarar respecto de este proceder el Sr. Cotino, siendo ya President de les Corts Valencianes, a un incisivo Jordi Évole, en una feria de vinos donde lo entrevistó. Con una sonrisa helada, propia de un personaje perverso, entre dientes le espetaba: "Lo que tengo que hacer lo hago. Y no, no quiero responderle". Seguía clara la coordenada del silencio.

Estas familias no daban crédito a que los medios de radiotelevisión públicos valencianos, entonces Canal 9, pagado con dinero de todos, contribuyera a manipular y a silenciar la tragedia. Fue así y por ello pidieron perdón años después los periodistas designados para cubrir la noticia. Lo hicieron en la verdadera comisión de investigación por el accidente que se hizo en Les Corts Valencianes a petición de las víctimas y en la que tuve el honor y la enorme responsabilidad de ser portavoz en 2015. En esa misma Comisión oímos de responsables, hoy imputados, que el accidente pudo preverse y evitarse con la colocación y reprogramación de medidas de seguridad, como las balizas, valoradas en tan sólo 3.500 euros. No olvidaré lo que viví en esa Comisión nunca

Identificamos a 13 responsables de lo sucedido. Aprobamos recomendaciones que hoy son realidad. Nada que ver con el paripé de Comisión de investigación de 2006 que no responsabilizó a nadie y tenía las cartas marcadas desde el inicio. Los comparecientes acudieron aleccionados por una empresa de comunicación llamada H&M Sanchis que les recomendó decir siempre "preguntaran lo que preguntaran" que la línea era segura, que la causa del accidente se debía exclusivamente a la velocidad del maquinista fallecido y que no fue previsible ni evitable. Al tiempo que esta empresa aconsejaba "potenciar la estrategia del Gobierno valenciano consistente en ignorar el recuerdo de la fecha en la que se produjo el accidente". Un asesoramiento pagado con dinero público con el encargo explícito de silenciar a las víctimas y exonerarles de una responsabilidad con indicios de criminalidad más que evidentes.

Estas víctimas y familiares no contaban tampoco con el calvario judicial que ha supuesto dos archivos de la causa por un Juzgado de instrucción, el 21, a cargo de la jueza Nieves Molina. Un Juzgado que ha tratado de perpetuar el silencio también en sede judicial a golpe de archivo y de evitar a toda costa que los responsables del accidente declararan. Pero las víctimas han permanecido inasequibles al desaliento, el que provoca que la última trinchera -la judicial en la propia instrucción de la causa-, busque como propósito cerrar los ojos a lo sucedido antes que depurar, en su caso, responsabilidades y a tal efecto practicar, custodiar y proteger para ello todas las pruebas, como se le demandaba y como es su deber al administrar justicia. La firmeza de las víctimas ha valido para la Audiencia y la Fiscalía haya abierto ventanas por la que poder colarse de nuevo y seguir batallando en los Tribunales.

Han sido increíblemente valientes desde el minuto cero, desde la zona cero, rotos de dolor como estaban. Fueron y siguen siendo impecables en sus formas, en sus demandas, en sus acciones. Son un referente de ciudadanía comprometida con la memoria y con su tiempo. Son un inmejorable espejo en el que mirarse para saber cómo defender desde la sociedad movilizada la verdad y la reparación con logros. Son simplemente un motivo de orgullo.

Esta semana a golpe de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, por imperativo, la Jueza del 21 ha ordenado que continúe la investigación por el accidente del metro y ha tenido que abrir juicio oral contra ocho exdirectivos de FGV, la cúpula, que finalmente, ya no podrá evitarlo, se sentarán en el banquillo de los acusados por indicios de delito por este accidente. Pendientes siguen las responsabilidades políticas.

La dignidad de la justicia, en una semana convulsa por el fallo del TS a favor de la banca y en contra de los clientes, está también en juicio en Valencia por todo lo sucedido en el caso del accidente del metro. La dignidad de las víctimas y familiares, por el contrario, es incontestable. Lo consiguieron. Victoria para la memoria y camino por delante para lograr justicia y reparación. Por fin, y de momento, adiós al silencio.

Fabiola Meco, portavoz adjunta y diputada de Podem en Les Corts Valencianes

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