CASTELLÓN (EFE). El PSPV de Castellón pedirá una pena de dieciséis años de prisión como acusación particular para el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, que será juzgado por la presunta compraventa irregular de terrenos utilizando información privilegiada y para quien la fiscalía ya solicitó una condena de 11 años de prisión y una multa de un millón de euros.

Los socialistas de Castellón registrarán este viernes su escrito de acusación en el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital de la Plana, según ha informado el partido en un comunicado.

La Fiscalía pide para quien fuera vicepresidente de la Diputación con Carlos Fabra once años de cárcel por un delito continuado de uso de información privilegiada siendo autoridad, otro de negociaciones prohibidas, uno de fraude administrativo en concurso de malversación de caudales públicos y otro de blanqueo de capitales.

El portavoz municipal del PSPV-PSOE de Vall d’Alba y diputado provincial, Fernando Grande, ha anunciado que este partido registrará su escrito de acusación para continuar como acusación particular en este proceso.

Según Grande, sobre Martínez existen "serias sospechas de que utilizó su cargo para enriquecerse de forma ilícita" utilizando la información privilegiada a la que tenía acceso por ser alcalde del municipio.

Dada la "gravedad" de los presuntos delitos cometidos, el Partido Socialista amplía la petición de penas solicitadas por fiscal hasta los dieciséis años de prisión.

Grande ha señalado que las últimas decisiones adoptadas por la instructora del caso, "que está decidida a abrir juicio oral", evidencian que el PSPV estaba "en lo cierto" cuando emprendió este proceso judicial.

"Había serias sospechas e indicios de que Francisco Martínez se estaba sirviendo de su cargo de alcalde para enriquecerse de forma ilícita y desmesurada", ha recordado.

Los socialistas "estamos convencidos de que vamos a poder demostrar que Martínez se enriqueció desde el Ayuntamiento, esquilmando los recursos públicos del pueblo de Vall d’Alba y de sus ciudadanas y ciudadanos", según Grande.

Desde el PSPV recuerdan que sobre Martínez pesa ya "una sentencia firme en su contra de ocho meses de cárcel por corrupción, porque intentó hacer negocio desde su cargo de vicepresidente de la Diputación construyendo la depuradora de Borriol en unos terrenos que curiosamente eran de su propiedad".

El pasado 26 de octubre la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón comunicó que existen indicios para juzgar a Martínez por la compraventa irregular de terrenos para beneficio propio utilizando información privilegiada.

Además de Martínez están encausados su hija y el empresario Raúl Babiloni por supuestas irregularidades urbanísticas.