VALÈNCIA (EP). La patronal Aerte afirma que la Conselleria de Igualdad sigue sin pagar los casi 50 millones que debe a las residencias privadas de mayores y empresas gestoras, con facturas pendientes incluso desde el pasado mes de noviembre, lo que está provocando "grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas".
Al respecto, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, José María Toro, señala que el importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a unos 36 millones, incluyendo el mes de junio, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en casi a los 50 millones.
"Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia", advierte.
Así, explica que el concurso de plazas residenciales de personal mayores de 3.300 plazas, que fue el primero que llevó a cabo la conselleria de Igualdad, venció el 31 de agosto de 2021, mientras que el concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de adjudicación provisional actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, lo que supone "un año de retraso".
Además, señala que "muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, pero con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".
Al respecto, recuerda que trasladaron esta situación en la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta y consellera Aitana Mas hace dos semanas, que les informó de que se iba a resolver en este mes. Sin embargo, "todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve" critica.
De hecho, constata que este retraso en la contratación está provocando "un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante". Así, "al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas".
Por lo tanto, esta situación "no se debe a un problema de tesorería de la Generalitat Valenciana, sino a la deficiente gestión administrativa que impide formalizar los nuevos contratos y contabilizar las facturas que se generen hasta ese momento", lo que Aerte considera "inaceptable".
Toro señala que "aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado: estamos en la última semana de julio y, nos tememos que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre, lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros". "La situación es insostenible", advierte.
Ante esto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha recalcado que están trabajado en un nuevo sistema para agilizar los pagos a las residencias con el objetivo de evitar que la situación de deuda actual "vuelva a repetirse". Asimismo, ha destacado que en los dos próximos plenos del Consell se aprobarán más pagos a los centros para disminuir la deuda que, tras el abono de unos 15 millones de euros, cifra en unos 45 millones.
Al respecto, la consellera ha explicado que "se han contabilizado ya pagos en Tesorería aprobados de unos 15 millones" y que la voluntad es seguir en los dos plenos del Consell que quedan por reunirse antes de vacaciones "seguir aprobando pagos para seguir reduciendo esta deuda que no llega a los 45 millones". Así, ha destacado la importancia de "priorizar pagos rápidos en estas semanas para que las empresas no sufran" porque "llevan unos cuantos meses y facturas que no les hemos pagado".
No obstante, ha recalcado que su interés pasa por "generar un sistema para que esto no vuelva a pasar". Por ello, ha recalcado que la Conselleria está trabajando en cambiar el sistema interno para que los pagos sean "muchos más rápidos".
Además, en septiembre se pondrá en marcha el contrato de plazas residenciales de personal mayores de 7.100 plazas que "hará que no haya que recurrir a la figura del resarcimiento que no queremos utilizar". En ese sentido, ha destacado que este contrato dará "una seguridad tanto a la Generalitat como a todas las empresas que dependen de estos contratos".