Aerte lamenta la convalidación del decreto de sanciones en servicios sociales

VALÈNCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha lamentado la convalidación este viernes en Les Corts del decreto por el que se establece el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la covid-19 en el ámbito de los servicios sociales: "Las residencias necesitan más apoyo y menos sanciones si lo que de verdad interesa es la protección de las personas mayores".

Así lo ha indicado su presidente, José María Toro, en un comunicado en el que Aerte ha advertido de que esta decisión no incrementa el nivel de atención y de protección de las personas mayores que viven en centros residenciales y "criminaliza" al sector.

A su juicio, esta medida es "innecesaria" dado que la propia consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "indicaba que este reglamento no se debía a incumplimientos detectados en servicios sociales" y hubiera bastado "un régimen sancionador general como el que ya está aprobado y el que recoge la Ley de Servicios Sociales Inclusivos".

La norma, "que denota un desconocimiento importante de la realidad de las residencias, permite sancionar por cuestiones que no son responsabilidad del centro como, por ejemplo, la negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección relativas a la covid-19 cuando corresponda por prescripción sanitaria, cuando las pruebas diagnósticas debe hacerlas la Conselleria de Sanidad".

"Los centros son los primeros interesados, por lo que han vivido en la primera fase de la pandemia, en que el virus no entre en las residencias. ¿Quién asumiría el riesgo de mantener trabajando a una persona positiva o con síntomas con las consecuencias para las personas residentes, los compañeros de trabajo y la entidad que gestiona el centro?", se ha preguntado también Toro.

Aerte ha recordado que la Comunitat Valenciana es la tercera región con menos porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total, un 38,49%, tras Andalucía, con un 37,58%, y Canarias, con el 10,86%, y "ninguna comunidad autónoma ha dictado una norma sancionadora parecida, ni siquiera en las que la situación fue mucho más grave".

"Desde nuestro punto de vista supone un nuevo intento de generar dudas sobre nuestro trabajo. En vez de colaborar y apoyar a las entidades que están trabajando en la primera línea en los centros, se insiste en una visión negativa de los mismos", ha incidido Toro.

Asimismo, ha subrayado que se han ido cerrando todas las diligencias penales que se han puesto en marcha por parte de la Fiscalía en la Comunitat Valenciana por la falta de indicios de delito, salvo una que está pendiente, como recoge la última información facilitada por la Fiscalía General del Estado a finales de julio.

Reserva de plazas

Aerte ha replicado también a Oltra respecto a la situación en la residencia Lope de Rueda de Torrent tras apuntar que el centro no había cumplido la medida de reservar un 10% de sus plazas para el aislamiento de contagiados indicando que la resolución del pasado 18 de agosto por la que se establece el plan de actuación en las residencias de mayores dependientes indica que los centros deben elaborar un plan de contingencia en los que se debe recoger, entre otros puntos, la posibilidad de aislar un 10% de personas residentes en habitaciones con baño propio.

De forma alternativa y justificada, según han remarcado desde la patronal, podrán disponer de un espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto que garantice el aislamiento de al menos el 10% de las personas residentes.

"Es decir, no hay que reservar el 10% de las plazas sin ocupar, sino que hay que elaborar un plan para poder aislar ese porcentaje reubicando a personas usuarias en el caso de que fuera necesario o aprovechando espacios comunes adaptados", han indicado.

José María Toro ha señalado que "sería imposible reservar esas plazas cuando la ocupación de los centros en la Comunidad Valenciana es casi plena, ya que sólo se podrían haber llevado a cabo expulsando de la residencia a las personas que allí viven, cosa que no haríamos nunca".

Además, esta posibilidad debe recogerse en el plan de contingencia que debe validar la Dirección General de Personas Mayores para comprobar que cumple con todos los requisitos. Y el centro presentó dicho plan el pasado 17 de julio, apunta Aerte, y todavía no ha recibido la contestación 50 días después.

"En ese caso se encuentran la mayoría de las residencias de la Comunitat Valenciana, que no han recibido ninguna información sobre la idoneidad de las actuaciones que se plantean en el mismo a pesar de llevar meses presentados", ha insistido la patronal.

Ingresos en Torrent

Asimismo, ha afirmado que "Oltra también acusaba a la Residencia de Torrent de haber hecho más ingresos de los previstos cuando el centro ha contado siempre con la autorización de la Comisión de Seguimiento del Departamento de Salud o bien han sido personas que ocupan plazas públicas que son remitidas directamente por la Conselleria de Igualdad".

"Este tipo de declaraciones, que no corresponden con la realidad, no hacen más que generar una alarma innecesaria en la sociedad, trasmitir dudas sobre la actuación del centro y son absolutamente irresponsables", ha concluido Toro.