Aerte reclama presupuesto "para que nadie quede fuera del nuevo modelo de Servicios Sociales"

VALÈNCIA (EFE). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha reclamado a la Generalitat el presupuesto necesario para que "nadie se quede fuera del nuevo modelo de Servicios Sociales".

Fuentes de Aerte han mostrado su "honda preocupación" por el dictamen que ha publicado el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana sobre el nuevo decreto de centros y servicios que está preparando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tras resaltar que era necesario un nuevo modelo de centros y servicios sociales, valora el cambio de perspectiva en la intervención de los mismos y le parece muy importante que en el proceso se haya producido una alta participación, plantea una serie de dudas muy importantes.

En primer lugar, Aerte ha destacado que el CES lamenta no haber contado con más tiempo para elaborar un dictamen con la amplitud y profundidad que merece el decreto, habida cuenta de su importancia y repercusión.

La documentación, con más de 38 documentos y 928 páginas, llegó a las entidades miembros del Comité el 20 de diciembre y el dictamen fue aprobado el 10 de enero de este año.

En cuanto a las consecuencias presupuestarias que conlleva el nuevo modelo, insiste en que deben tomarse las medidas adecuadas para que la falta de medios económicos no suponga la pérdida de derechos o la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios.

Especialmente, han señalado, en el supuesto de que la aplicación del nuevo decreto implique un aumento de las tarifas en la prestación de los servicios.

"Solo en coste de personal, una plaza residencial va a aumentar su coste en 580 euros, mientras que la mejora de la prestación se establece en 286,40 euros mensuales, lo que supone que esos 300 euros deberán ser abonados por las personas usuarias", ha destacado el presidente de Aerte, José María Toro.

El caso de los centros de día "es peor", ha considerado, ya que "el sobrecoste está cifrado en 633 euros y el incremento de la ayuda en 112", lo que supone "más de 500 euros de diferencia".

Asimismo, ha señalado que la observación octava "recoge que la Generalitat deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar la viabilidad del sistema y su correcta implantación".

"Esta insistencia por garantizar el presupuesto adecuado creemos que es debido a las dudas que genera el informe de la Dirección General de Presupuestos, que advierte de que los recursos necesarios para la aplicación del decreto ponen en riesgo los incrementos de salarios de los trabajadores del sector para los años siguientes", ha afirmado el presidente de Aerte.

Desde la asociación han indicado que, a pesar de las reuniones mantenidas con múltiples entidades del sector por parte de la Conselleria, "no se han presentado los estudios científicos que avalen desde una perspectiva de las necesidades, las condiciones de salud laboral de las plantillas y las posibilidades presupuestarias los ratios de personal que debe haber en cada centro".

Por último, han mostrado su preocupación por la carencia de plazas en la Comunitat Valenciana, y han recomendado que se tomen las medidas oportunas para evitar que su aplicación conlleve la pérdida de plazas asistenciales.

En este sentido, Aerte ha pedido a la Conselleria que se garantice que la aplicación de este nuevo decreto no afecte en ningún caso a las plazas autorizadas, expidiendo las necesarias exenciones.

"Entendemos que hay que poner en marcha los ratios nuevos de personal, los protocolos y la manera de trabajar en los plazos que marque la administración, pero la Comunitat no se puede permitir perder ni una plaza de ningún tipo de recurso", ha concluido Toro.