Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EP). La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido este jueves de que conseguir reducir el déficit por debajo del 3% en 2024, tal y como pretende el Gobierno, exigirá no prorrogar ninguna de las medidas antiinflación que caducan el 31 de diciembre y que las comunidades autónomas cierren sus presupuestos con superávit, en lugar de con el déficit del 0,1% estimado por el Ejecutivo.
Herrero, que ha participado en unas jornadas económicas organizadas por la APIE, ha indicado que de cara a 2024, la AIReF estima 4.000 millones más de ingresos que el Gobierno, pero también 4.000 millones más de gasto, con lo que cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 3% exigirá no prorrogar ninguna de las medidas en vigor actualmente, como las rebajas del IVA de la luz, gas o alimentos.
También exigirá, según Herrero, que las comunidades cierren sus presupuestos del próximo año con un ligero superávit del 0,2%, en lugar del déficit del 0,1% estimado por el Gobierno, y ha añadido que de los presupuestos presentados hasta ahora por algunas regiones, se deduce que podrían cerrar en equilibrio, dado que el aumento del gasto contemplado es del 8%.
Pero Herrero considera perfectamente factible cerrar los presupuestos autonómicos con un superávit del 0,2%, dado que ello supondría un aumento del gasto del 6% respecto a este año, frente al alza del 15% del sistema de financiación autonómica previsto para 2024.
Más allá de próximo año, Herrero ha vuelto a reiterar la necesidad de elaborar ya una estrategia fiscal a medio plazo, y para ello ha apostado por la participación de todas las administraciones públicas para que las sendas de déficit "no sean impuestas" desde la Administración Central.
"Sé que la dimensión política es cada vez más compleja (...), pero es nuestra responsabilidad exigir que se produzca esta coordinación y este consenso", ha reiterado Herrero, que ha lamentado que actualmente en la determinación de los objetivos de déficit solo participa el Estado y no hay una metodología clara de cómo se hace el reparto hacia las comunidades.
Preguntada por la necesidad de establecer sanciones para castigar los incumplimientos, Herrero se ha mostrado partidaria, primero, de evitar las previsiones que se sabe que no se van a cumplir porque "no es realista" y, en segundo lugar, ha apostado más por explorar "incentivos positivos", como por ejemplo que las comunidades cumplidoras puedan tener acceso a determinados fondos. "Reforzar el incentivo positivo, que parece más realista y más factible de aplicar", ha defendido.