VALÈNCIA. (EP). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata un "amplio margen de mejora" en la gobernanza y la eficacia de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastaron en España en políticas activas de empleo, ya que presentan "claras deficiencias" que cuestionan la calidad del gasto, por lo que propone implementar herramientas de perfilado, incorporar la evaluación como práctica habitual y diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales.
Además, aboga por revisar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y cuestiona el elevado porcentaje del gasto en este tipo de políticas que se destina a incentivos a la contratación (40%). Así se desprende del tercer estudio de la revisión del gasto público ('spending review') sobre los programas de políticas activas de empleo, que revela que "no es posible" conocer la cifra exacta del importe que se destina a las políticas activas de empleo, ante la complejidad administrativa, aunque estima una horquilla de entre 6.100 y 6.500 millones de euros.
El organismo apunta que con respecto al PIB España tiene un gasto similar a otros países de la UE, pero si se tiene en cuenta el número de desempleados, este gasto se reduce "significativamente" y además presenta una estructura "muy sesgada" hacia los incentivos a la contratación. En concreto, en torno al 40% del gasto en PAE se dirige a incentivos a la contratación, un 25% a formación, un 20% a otros, como creación de empleo público o apoyo al emprendimiento, y el 15% restante a orientación.
"No parece que los incentivos a la contratación sean las políticas activas de empleo más adecuadas", han avisado desde la AIReF, que recuerdan que en países como Alemania estos incentivos representan menos del 20% del gasto. En cambio, la Autoridad Fiscal considera que la orientación derivada de las PAE funciona "relativamente bien" y es la menos costosa, aunque sus efectos se constatan más en el medio plazo.
Asimismo, la Autoridad Fiscal ve "bastante cuestionable" el sistema de subvenciones para formación, ya que al ser sin ánimo de lucro el proceso de gestión se caracteriza porque hay que acreditar ingresos, facturas y beneficios, que deben ir retornando a la Administración, pero si hay pérdidas lo asume el centro de formación.
Esto, asegura la AIReF, podría causar "incrementos artificiales" en el volumen o el importe de las facturas que se adjuntan, aunque se audita, y en conjunto genera "lentitud". La dificultad para estimar el gasto real de las PAE es a su vez el reflejo de la complejidad administrativa del sistema y de elevada "atomización" en la prestación de servicios, apunta el informe, que muestra que existen 709 oficinas de empleo, 22 centros de referencia de formación, 164 centros integrados de Formación Profesional y 14.000 centros habilitados.
En cuanto a la financiación de las PAE, concluye que no se puede saber exactamente el gasto destinado a estas políticas y alerta sobre la falta de una "adecuada coordinación" entre el SEPE y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.
En detalle, constata que los objetivos del reparto de fondos a través de la Conferencia Sectorial no están claramente definidos y que en las últimas décadas han ido cambiando sin haber valorado su eficacia. La institución asegura que la trazabilidad del gasto es "insuficiente" para poder conocer los flujos de principio a fin y que lo criterios contables no están normalizados, lo que hace que España "se aleje de las mejores prácticas internacionales".
Respecto a la eficacia, señala que existe una relación, no necesariamente causal, negativa entre el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y la tasa de paro regional, así como con el paro de larga duración.
En este sentido, la AIReF ha evaluado el servicio de diagnóstico individualizado implantado en la comunidad de Aragón, en donde se lleva a cabo una atención personalizada por parte del orientador para el análisis detallado de las capacidades, habilidades y aptitudes de las personas, con una muestra de casi 2.000 observaciones, y constata que "mejora la probabilidad de encontrar un empleo".
Además, sobre el programa 'Prepara', orientados a parados de larga duración y que cuenta con más de 850.000 beneficiarios entre 2012-2017, con un coste de 1.432 millones de euros en el periodo, considera que no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, sobre todo durante los seis meses que dura la prestación. Según el informe, los datos y los sistemas de información de este programa son "muy heterogéneos, de calidad mejorable e impiden el análisis" con la amplitud pretendida.
No obstante, en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja el efecto del 'Prepara' parece positivo a partir del primer año.
Respecto a las oficinas públicas de empleo y centros de formación, vuelve a concluir que la información de estructura y costes de las oficinas y centros está "muy atomizada" y existen "diferencias significativas" por CC.AA., pone en cuestión el sistema de subvenciones para formación y piensa que el contenido de los cursos de formación debería tener presente siempre las necesidades del mercado.
Tras concluir que existen "claras deficiencias" que ponen en cuestión la calidad del gasto en políticas activas de empleo, considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.
La AIReF propone implementar herramientas de perfilado y propuestas de itinerarios adecuados, que detecten las necesidades de los demandantes, según sus características, con el objetivo último de prestar el servicio más adecuado que pasa por la vinculación "real" de oferta y demanda de empleos.
Además, insta a incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones "basadas en la eficiencia" y poner el foco en la eficacia de las PAE para que la orientación y la formación mejoren la empleabilidad de los individuos. Aboga por incorporar incentivos orientados al cumplimientos de objetivos en la asignación de recursos en el reparto en Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a demandantes de empleo, siguiendo el modelo alemán o finlandés.
En términos de financiación, plantea basarse en Alemania como buenas prácticas para mejorar el sistema de indicadores para el reparto de fondos; llevar a cabo una presupuestación y gasto plurianual, y revisar la subvención como instrumento de financiación para estas políticas, con colaboración público-privada "pagando por eficacia".
Para las oficinas públicas de empleo y centros de formación propone crear áreas en los servicios públicos de empleo con especialistas dedicados a captar ofertas de empleo; definir perfiles de empleos en función de la demanda de las empresas y contacto permanente con las oficinas, como en Finlandia, y ejecutar formación bajo demanda adaptada a las necesidades de las empresas.
Igualmente, ve necesario fomentar la cuantificación de costes en la prestación del servicio a través de una guía de eficiencia AIReF que permita su comparación en dos o tres años. Por último, propone diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales.