VALENCIA, (VP). La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, ha asegurado en una entrevista a OkDiario que lasecretaria del grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, le dio 1.000 euros en billetes de 500 para que los ingresara en una cuenta a fin de sufragar la campaña del partido. Esta sería la razón de su vinculación con el Caso Imelsa, tal y como asegura la actual mujer de Alfonso Grau, quien fuera vicealcalde de la ciudad y mano derecha de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Alcón ha explicado que blanquear era conditio sine qua non para ir en la lista municipal a las elecciones de mayo, según le dijo García Fuster. Pero el número 4 de la lista no lo hizo ni se lo exigieron, el independiente Eusebio Monzó. Alcón fue finalmente en el número 16 de la lista, un puesto que no era de salida, lo que provocó la ruptura de relaciones entre Rita Barberá y el exvicealcalde Alfonso Grau.
La ex concejala, que rehúsa poner nombre a esta práctica de ingreso en efectivo, pese a que las investigaciones la relacionan con un presunto blanqueo de capitales, manifiesta sentirse "muy dolida, decepcionada y triste”. Alcón afirma que no pudo negarse a obedecer el sistema de donaciones irregulares para la campaña de Rita Barberá.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, acordó hace una semana la libertad de la exconcejala del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, detenida en el marco de operación Taula, desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Tras su declaración ante el juez, Alcón quedó imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que empezarán a declarar ante el juez este miércoles.
Según la investigación, los sospechosos se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones.